El Gobierno catalán se encalla con el alquiler colaborativo. La Dirección General de Turismo, que comanda Octavi Bono, ha aplazado por tercera vez la aprobación del decreto de turismo que regulará la actividad de Airbnb y otras plataformas tecnológicas. El visto bueno final se fija ahora para octubre.
Según ha indicado un portavoz de la Consejería de Empresa y Conocimiento, de la que pende el departamento de Bono, "la aprobación del texto está prevista de cara a otoño, antes o después de octubre".
En este momento, ha agregado la consejería de Jordi Baiget (PDECat) el proyecto de decreto se encuentra en trámite público, después de que se presentaran 38 escritos de alegaciones de agentes públicos y privados vinculados al sector turístico.
"La Dirección General de Turismo está elaborando un informe valorativo de las alegaciones recibidas que se publicará cuando esté listo", ha señalado un portavoz.
A rebufo de Madrid
Los titubeos del Gobierno catalán contrastan con la convicción del equipo de gobierno municipal y la Comunidad de Madrid, que esta semana expresaban su intención de firmar un "memorando de entendimiento" y una ley para regular la actividad de Airbnb y otras puntocom.
"Es una buena noticia, porque la mejor manera de eliminar las fricciones que provocan las plataformas es su regulación. Éstas, por su parte, pueden aportar la trazabilidad necesaria en el sector", ha explicado Miguel Ferrer, asesor en regulación y políticas públicas de turismo.
"En el caso de Barcelona, el anuncio del Ayuntamiento de Madrid muestra que existe una vía de acuerdo y no punitiva. A nivel catalán, es cierto que el sector está pendiente del decreto de Turismo, que dará un marco de actuación al gobierno de la Ciudad Condal y al resto de municipios", ha agregado el experto.
"Pendientes"
Una de las entidades que presentó alegaciones al texto fue la Associació de Veïns i Amfitrions de Barcelona. Damaris Rojas, su presidenta, ha recordado que la norma autonómica "posibilitará las ordenanzas de cada municipio". Rojas ha subrayado que "cada localidad es diferente: no se puede regular Barcelona como un pueblo de Lleida".
"El sector está pendiente del proyecto de decreto. Confiamos plenamente que su aprobación en octubre dé cobertura al homesharing --actividad de compartir casa--. Al final, es la Generalitat quien debe fijas las categorías y los ayuntamientos, los usos", ha aseverado.
Asimismo, la agrupación, que aúna a 500 vecinos de Barcelona que comparten pisos con turistas, pide que "unas eventuales elecciones anticipadas no frustren un texto largamente pedido".
Dos nuevos tipos
Cabe recordar que el texto en tramitación busca actualizar los tipos de hospedajes que existen en Cataluña. El proyecto de decreto abre la puerta a los "alojamientos singulares", en los que los anfitriones se podrán lucrar con el alquiler a turistas. Éstos tendrían un distintivo en el exterior del inmueble.
Por otro lado, también permitirá el alquiler de habitaciones en la residencia habitual, con límites. Los catalanes que opten esta fórmula sólo podrían ceder hasta dos habitaciones un máximo de cuatro meses al año, no superando los 31 días consecutivos. Tampoco estarían autorizados a servir comidas, salvo el desayuno.
