Colau siembra la duda del delito sobre su propia funeraria

A la desesperada. Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, ha quemado hoy martes su último cartucho para intentar aprobar la funeraria exprés, un proyecto que la oposición municipal mañana rechazará. El gobierno municipal que comanda Colau ha anunciado que inicia una investigación por presuntas irregularidades en la empresa mixta, Serveis Funeraris de Barcelona (Sfb), en la que el ayuntamiento participa con un 15%. Lo hace horas antes de llevar al pleno la votación sobre la creación de una empresa 100% pública dedicada a este sector. 

Según ha explicado Eloi Badia, concejal de Presidencia y cerebro de la funeraria exprés, el operador mixto está siendo investigado por "dos casos" de supuesta facturación irregular. Dichas pesquisas, iniciadas por los servicios de protección del consumidor del ayuntamiento, parten de dos denuncias de ciudadanos a la Síndica de Barcelona que ésta trasladó al Ejecutivo local. Tras ello, el gobierno municipal dio el pase a los técnicos de consumo, que se personaron el jueves de la semana pasada y ayer lunes en la sede de Sfb y levantaron acta del inicio del expediente, que podría acabar en sanción. 

Auditoría...

Ello se vehiculará mediante una auditoría de Sfb que se iniciará en diez días y cuyos resultados se conocerán a finales de marzo. La llevarán a cabo técnicos de consumo del segundo mayor consistorio de España y servirá para cerciorarse de si la empresa mixta (15% el ayuntamiento y 85% Grupo Mémora) facturó correctamente a sus clientes tras un cambio de criterio adoptado por el consejo de administración en 2017. Una modificación, por cierto, que avaló el órgano de gobierno, en el que el ayuntamiento cuenta con dos sillas. "Es lo más transparente que podemos hacer habida cuenta de los indicios que hemos encontrado. No queremos prejuzgar los resultados", ha defendido Eloi Badia. 

Cualquiera que fuere su opinión, los técnicos municipales peinarán 4.000 facturas de Serveis Funeraris repartidas en cuatro meses de 2018 para comprobar si éstas se ajustan a la ley. Lo harán en diez días y después de que Sfb presente las pertinentes alegaciones. La investigación no alcanzará a Áltima --el otro gran operador de Barcelona-- ni a Cementiris de Barcelona, la empresa de gestión de los nueve cementerios públicos "porque no ha habido denuncias de este tipo". ¿Qué ocurrirá si el resultado es concluyente? "Se procederá a actuar de la manera que toque como accionista minoritario", ha enfatizado Badia. 

...a las puertas de un pleno...

Dicha actuación empieza con mal pie. Ello es así porque el anuncio de que se investiga a Sfb llega horas antes de que BComú someta a votación en un pleno extraordinario la venta del 15% de Serveis Funeraris y la creación de un operador 100% público que competiría cara a cara con éste. "Hay que separar ambas cosas. Una cosa es la actuación de los servicios de consumo y otra muy distinta, las actuaciones políticas", ha argumentado Badia. 

¿Por qué mantiene el pleno BComú si ha descubierto indicios tan graves en su empresa funeraria mixta? "Porque es un compromiso que adquirimos con la ciudadanía. Es necesario rendir cuentas con los y las vecinas. Y porque tenemos un informe de Barcelona de Serveis Municipals (B:SM), el paraguas de las empresas municipales, que subraya que nuestro 15% en Sfb se está depreciando", ha insistido el edil y cerebro de la funeraria exprés que rivalizaría con la firma mixta investigada. 

...y la oposición en contra

Las tesis de Badia no han convencido ni a la empresa ni a la oposición municipal. Sònia Recasens, líder del Grupo Demócrata, ha tildado de "grave irresponsabilidad" la actitud de Eloi Badia. "Se está acusando ex ante a una empresa para presionar a los grupos políticos de cara al pleno de mañana, a la vez que poniendo en tela de juicio a los empleados de la firma", ha agregado. "¿Por qué no actuó el gobierno con las dos sillas que tiene en el consejo de administración si tenía indicios de mala praxis?", se ha preguntado Recasens. 

Por su parte, Carmen Andrés, portavoz del PSC en el consistorio, ha subrayado que los socialistas "mantendrán su voto negativo [a la venta del 15% de Sfb y la creación de la funeraria municipal] porque siempre ha trabajado con rigor y desde la buenas praxis". Ha dicho Andrés que "el ayuntamiento tiene una responsabilidad en esta empresa, por lo si hubo irregularidades ha incurrido en dejadez de funciones". Si existieron dichas irregularidades, ha continuado, "falló el control". Bajo su punto de vista, BComú "ha querido preparar un ambiente de cara al pleno de mañana, modular la opinión pública sobre la marcha para ver si puede cambiar los votos de los grupos". 

A su vez, Javier Mulleras, portavoz del PP, ha tildado de "pirómano político" al gobierno de Ada Colau. "Ha querido calentar el pleno de mañana". Según él, "se ha creado un incendio para calentar el plenario del miércoles". "Es irresponsable actuar así basándose en indicios sin que haya habido la fase exploratoria para verificar la verdad de los mismos", ha añadido. También ha recordado Mulleras la participación del gobierno municipal en Serveis Funeraris. "Es responsable de fijar las tarifas y es responsable en la facturación. Y nunca se ha quejado", ha concluido. 

Sfb: "El listado de precios es público y pactado"

Grupo Mémora, el socio del ayuntamiento de Barcelona en Serveis Funeraris, ha respondido a la enésima escenficación de presión de los comunes sobre sus rivales por la funeraria exprés que sus tarifas son "públicas y pactadas" con el Ejecutivo local, que cuenta con presencia en el consejo de administración. "Desde hace diez años está disponible en todas las oficinas y tanatorios, en la web de la compañía y en la del ayuntamiento", ha señalado en un comunicado. También ha querido poner en valor la enseña el acuerdo tripartito con el gobierno municipal, Áltima y Sfb para ofrecer entierros a precios asequibles. "Se ha desarrollado de forma consensuada un nuevo catálogo con paquetes de servicios desde 1.800 euros para facilitar y mejorar la transparencia en la contratación", ha destacado. 

Por su parte, Jordi Fernández, vicepresidente del comité de empresa de Sfb ha recordado que "todos los cambios tarifarios y de facturación se aprobaron con el plácet del ayuntamiento, que cuenta con dos sillas en el consejo". Dos puestos que este mandato "raramente han sido ocupados", pues el concejal Eloi Badia se habría ausentado de los mismos durante la mayor parte de la legislatura. "No vemos mal que se investigue, pero es mucha casualidad que se haga ahora, a las puertas de un pleno para crear una funeraria municipal", ha remachado.