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El capital gestionado por las sicavs españolas sigue cayendo

Las grandes fortunas cierran más del 22% de sicav desde 2015

El patrimonio gestionado se ha reducido por encima del 10% en pleno debate intermitente sobre su regulación fiscal, que se remota con el nuevo Gobierno

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Las grandes fortunas han echado el cierre en España a más del 22% de las sicav -sociedades de inversión de capital variable- desde el año 2015. Concretamente el 22,6% y, además, el patrimonio gestionado se ha reducido más del 10% en pleno debate intermitente sobre su regulación fiscal.

Esta cuestión renace ahora con el acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos, que defiende trasladar la supervisión de estos vehículos financieros, utilizados sobre todo por grandes patrimonios, a la Agencia Tributaria, modificar su fiscalidad y controlar a los socios de las sicav.

Descenso continuado

El número de sicav activas en España muestra un descenso continuado desde su pico en 2015, cuando había 3.399 sociedades, hasta las 2.631 de cierre de 2019, lo que supone ese descenso citado del 22,6%, según los datos de la consultora Vdos.

Las cifras de patrimonio reflejan igualmente caídas constantes, desde los 33.341 millones de 2015 hasta los 28.192 millones de 2018, aunque el año pasado se rompió la tendencia y se produjo un aumento del 8%, hasta 29.467 millones.

Capital mínimo de 2,4 millones

La diferencia fundamental entre las sicav y los fondos de inversión es su personalidad jurídica: las primeras son empresas y los segundos, instrumentos financieros. En las sicav debe haber al menos 100 socios y un capital mínimo de 2,4 millones de euros, frente a tres millones en los fondos, que no requieren un umbral mínimo de partícipes.

En realidad las primeras son instrumentos usados por grandes patrimonios, en muchos casos una familia, que decide la política de inversión, y suele hacerse acompañar por hombres de paja o "mariachis" hasta completar los 100 miembros requeridos para su constitución.

Debate por la supervisión

La gran batalla en torno a estas sociedades está en el ámbito fiscal, puesto que sus beneficios se gravan al 1% y sus partícipes solo tienen que tributar cuando venden su participación. En caso de que haya plusvalías se computan como ganancia patrimonial.

El debate está centrado en la supervisión, que desde 2005 es responsabilidad de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), pero el acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos defiende en el capítulo relativo a justicia fiscal y equilibrio presupuestario, un "mayor control" de las sicav trasladando la inspección a la Agencia Tributaria.

"Requisitos adicionales"

El acuerdo prevé, además, "requisitos adicionales" para la aplicación del tipo impositivo reducido para asegurar su carácter de instrumento de inversión colectiva, y establece, por ejemplo, un tope de concentración de capital a manos de un mismo inversor, incluyendo la participación de personas físicas o jurídicas vinculadas.

Este endurecimiento del tratamiento de las sicav ya se previó también en el acuerdo que en 2016 suscribieron PP y Ciudadanos para la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, en el que se establecía la devolución a la Agencia Tributaria del control y que solo contaran como accionistas aquellos con una participación superior al 0,55% para evitar esos "mariachis".

Medidas que nunca se adoptaron

Esas medidas nunca se adoptaron, pero los datos reflejan que a partir de entonces cae la constitución de nuevas sicav en España. El objetivo de aumentar su control se retomó en el decaído proyecto presupuestario de 2019, ya con el Gobierno de Pedro Sánchez, y ahora en el acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos.

Esta misma semana el presidente de la CNMV, Sebastián Albella, alertó sobre el riesgo de deslocalización de estas sociedades y pidió al Gobierno un debate "sano y claro" sobre su regulación para que cese la incertidumbre.

Rumbo a Luxemburgo

Además, consideró que si se produce un cambio de fiscalidad hay un riesgo elevado de que estos instrumentos salgan del país, tesis en la que coincide el presidente de la patronal de fondos de inversión, Inverco, Angel Martínez-Aldama, que señala que se irán a otros países de la UE, sobre todo a Irlanda y Luxemburgo, donde el tipo del Impuesto de Sociedades para estos productos es el 0%.

La presidenta de Bankinter, María Dolores Dancausa, admitió el pasado jueves que el banco ofrece "desde hace años" a sus clientes de banca privada alternativas de inversión, entre ellas constituir una sicav en Luxemburgo, donde tiene licencia desde 2013.