Foment del Treball y Pimec rechazan un 'paro de país' como respuesta a la sentencia

Las patronales catalanas Foment del Treball y Pimec rechazan un nuevo ‘paro de país’ de varios días como respuesta a la sentencia del 1-O. Así lo han afirmado los presidentes de ambas entidades, aunque desde Pimec sí se han abierto a consensuar uno simbólico.

El presidente de la patronal de pymes, Josep González, ha indicado que una huelga de varios días puede afectar a la economía, especialmente en el momento actual de desaceleración. “Respetamos las ideas de todo el mundo, pero no lo recomendamos”, ha asegurado.

Contexto económico

"Creo que me debo a lo que piensan los empresarios y un paro de país en un momento en el que la economía se está desacelerando sería malo. Con esto, no estoy diciendo que no tenga que haber unas reacciones y respuestas a las sentencias", ha expuesto. No obstante, González se ha mostrado favorable a un paro simbólico si se consigue un acuerdo con los diferentes agentes sindicales y patronales catalanas.

Más tajante se ha mostrado el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, que ha manifestado estar “totalmente en contra” de una protesta en este sentido. “Nuestra hoja de ruta no es parar el país, sino incrementar la actividad empresarial para revertir sus resultados en el bienestar de las personas"

"Al margen" de la sentencia

Asimismo, el líder de la gran patronal catalana se ha mostrado distante sobre la sentencia del 1-O al asegurar que Foment pretende “estar al margen” ya que estas cuestiones, asegura, corresponden a los partidos políticos.

Pimec ya estuvo presente en el paro de país que se produjo el 3 de octubre de 2017 contra la "violencia ejercida" por las "fuerzas de seguridad del Estado" para intentar impedir el referéndum ilegal del 1-O. Fue una de las pocas patronales que se unieron a la convocatoria de huelga general, junto a la organización de Terrassa Cecot. Foment ya mostró en ese momento una oposición fontral a un paro patronal. De hecho, ha llevado las convocatorias que se han hecho en varias efemérides independentistas a los tribunales al asegurar que era una protesta no ajustada a derecho por falta de preaviso y por no tener ninguna relación con reivindicaciones laborales. Es decir, que se trataba de una huelga únicamente política. La causa prosigue en los tribunales de Barcelona.