Alerta roja en la sede de Foment del Treball. La patronal que preside Josep Sánchez Llibre ha recibido con desagrado la constitución de un comité de asesores fiscales que ha puesto en marcha el ministerio de Hacienda para preparar una reforma fiscal de cara a 2022 que puede aumentar el impuesto de Sociedades y reducir la capacidad de las comunidades para rebajar los impuestos de Patrimonio y de Sucesiones y Donaciones. Foment ha creado su propio comité, con la idea de presentar una alternativa a la del Gobierno de Pedro Sánchez.
La patronal señala que priorizar ahora la “recaudación” en la reforma de sistema fiscal “sería un error”, y que se deben reconducir todos los esfuerzos en la lucha contra la economía sumergida, en lugar de “continuar presionando las rentas declaradas”.
Frente a la armonización fiscal
Se trata de una reacción contundente frente a la decisión del Ejecutivo español de intentar incrementar los ingresos para hacer frente al enorme gasto público que ha supuesto la crisis por la pandemia del Covid. La patronal que preside Sánchez Llibre señala que es “urgente situar la fiscalidad al servicio de la actividad productiva, de la recuperación y del mantenimiento y de la creación de puestos de trabajo”.
El Gobierno central, en cambio, ha entrado en el debate sobre la armonización fiscal que han defendido algunos dirigentes políticos, desde Cataluña y la Comunitat Valenciana, especialmente. La idea es que algunas autonomías, como Madrid, han utilizado todos los resortes de la fiscalidad autonómica para rebajar al máximo el Impuesto de Patriomino y el de Sucesiones y Donaciones, con bonificaciones que rozan el 100%. Eso implicaría un suelo y un techo que fijaría el Ministerio de Hacienda en esos impuestos.
El comité propio de Foment estará formado por Manuel Silva, consejero de Presidencia de la patronal; Valentí Pich, presidente de la comisión de Economía de Foment y presidente del Consejo de Economistas de España; Jordi Alberich, director del Instituto de Estudios Estratégicos y Fiscalidad de Foment; Josep Maria Coronas, economista; Antoni Durán-Sindreu, fiscalista; Salvador Guillermo, director de Economía de Foment y el abogado fiscalista Joan Antoni Sánchez Carreté.
