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El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre / EFE

Foment se opone a la futura ley "anticonstitucional" de regulación de alquileres en Cataluña

La patronal catalana defiende que la limitación de precios tendrá "más efectos contraproducentes que beneficios" en el mercado de arrendamiento

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Foment del Treball ha mostrado su total oposición a la proposición ley de regulación del precio del alquiler en Cataluña que se debatirá en el Pleno del Parlament el próximo miércoles 9 de septiembre. En primer orden, destaca que la normativa que el Govern pretende aprobar por vía de urgencia es "anticostitucional y antiestatutaria" y, además, su impacto en el mercado de la vivienda tendrá "más efectos contraproducentes que beneficios". 

La patronal del empresariado catalan ha recordado la oposición del Consejo de Garantías Estatutarias de la Generalitat --una especie de Tribunal Constitucional a la catalana-- respecto al redactado de dicha proposición ley. "Vulnera la Constitución y el Estatut en 18 puntos de su articulado", detalla. "Un total de 11 artículos de 15 [que contiene la propuesta]; cuatro disposiciones adicionales de siete; dos disposiciones transitorias de tres y una disposición final de las cuatro que incluyen no se adecúan" a las más altas leyes del Estado y de Cataluña.

"Se hundirá a medio plazo"

La organización empresarial que lidera Josep Sánchez Llibre señala que esta propuesta --impulsada por el Sindicat de Llogaters y con el apoyo del Govern, los Comuns y la CUP-- "se hundiá a medio plazo" a pesar de que pueda parecer "una herramienta conveniente" en un primer momento. Imponer un límite en el precio del alquiler producirá la pérdida de interés por parte de los inversores y ello llevará a "que la oferta sea menor", asegura Foment, "que los posibles arrendatarios queden insatisfechos y, por tanto, perjudicará a las personas que quieren o solo pueden alquilar". 

Destaca la patronal ejemplos de normativas anteriores que impusieron limitaciones al mercado de la vivienda en alquiler y tuvieron, como consecuencia, "una significativa reducción de la oferta", como fue el caso de las leyes de arrendamientos urbanos de 1946 y de 1962. Foment apunta que la recuperación tras tales legislaciones no llegó hasta más de 20 años después, a través de un decreto ley que "hace, de nuevo, atractivo este mercado y atrae capitales para ampliarlo".

Negativa para el propietario

Foment sale también en defensa de los arrendadores, a los que también perjudicaría la proposición de ley del Govern. "Una parte significativa de las viviendas en alquiler [en Cataluña] corresponden a particulares que verán afectada la renta de su inmueble" con la imposición de un límite del precio. "En muchos casos, pueden querer hacer líquida su inversión con al venta de sus patrimonios", señala la patronal, con la consecuente reducción de oferta. 

Otro argumento que expone la organización es que las restricciones al rendimiento en algún tipo de activo "harán que los inversores busquen otros activos o bien otras localidades". La futura ley --si finalmente se aprueba-- se aplicará en los 60 municipios de más de 20.000 habitantes que cuentan con un "mercado de alquiler tensionado", según defiende el Sindicat de Llogaters. Como consecuencia, en estas ciudades, el objetivo de la norma "dejará de tener sentido" ya que "supondrá la caída de la oferta a medio plazo".

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