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Joaquim Gay de Montellà, presidente de Foment del Treball, en una imagen de archivo frente a la asamblea de la patronal / CG

Foment del Treball se queja de la baja inversión de los Presupuestos en Cataluña

Afirma que el porcentaje real sólo llega al 10,6%, por debajo del peso específico que tiene la comunidad en el conjunto de la economía española

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Foment del Treball ha mostrado su rechazo este viernes con el porcentaje de inversión real que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) prevé para Cataluña. Una cifra que supone el 10,6% del total, según los cálculos realizados por la gran patronal catalana, muy por debajo del peso específico de la comunidad sobre el conjunto de la economía española.

Señala que las cuentas públicas defendidas por el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, contempla 1.113,8 millones de euros para el territorio. Es decir, el 13,3% del volumen total de las aportaciones regionalizadas. Pero los responsables de estudios de la institución presidida por Joaquim Gay de Montellà han peinado los anexos con la letra pequeña de los Presupuestos donde se constata que la concreción real se queda en el 10,6% par el ejercicio en curso.

Más inversión pública

“Además, en las inversiones proyectadas para 2019 este valor es del 10,4% si no se incorporan nuevos proyectos en el próximo presupuesto”, lamenta Foment del Treball en un comunicado. Una tendencia a la baja que se concreta en 2020, año en el que la aportación del Estado en Cataluña se quedaría en tan sólo el 8,4% del total de la inversión regionalizada.

Todo ello, en un momento en el que el capítulo de Inversión Pública muestra datos positivos, la señal definitiva de la recuperación. Incrementa el 15,3% respecto al ejercicio anterior, con una  avance del 14,8% en el sector público administrativo con presupuesto limitado y del 15,8% para el estimativo.

Eliminación del Impuesto al Patrimonio

En su repaso de las cuentas públicas, la patronal catalana también muestra su oposición en que el Gobierno mantenga el Impuesto al Patrimonio. Justifica que se trata de una “figura tributaria que se había abandonado y después recuperado durante la crisis económica, pero que ya se debería haber eliminado en línea con los otros países desarrollados que no cuentan con el impuesto”.

Considera que es “injustificable” que se mantenga ante la mejora de los ingresos tributarios tanto del Estado como los que se trasladan a las autonomías.