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El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre / EP

Foment considera que la intervención del alquiler de un local provoca inseguridad jurídica

La patronal pone en tela de juicio la constitucionalidad del cambio legal anunciado este martes por el Govern

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Foment de Treball ha cargado duramente contra el decreto ley de la Generalitat que pretende intervenir el mercado del alquiler de locales de negocios. La patronal liderada por Josep Sánchez Llibre señala en un comunicado que esta medida genera "inseguridad jurídica” en el sector y pone en tela de juicio la “constitucionalidad” de dicha regulación.

El Gobierno catalán no ha dado a conocer por ahora la letra pequeña de la iniciativa. Además de señalar que los dueños de los locales deberán rebajar el coste del inmueble el 50% en el caso de los establecimientos que han tenido que bajar la persiana y en un porcentaje equivalente los que tienen que limitar la actividad, hecho que llevará a una reducción automática del alquiler "desde el día en que el arrendatario notifique la voluntad de negociar". La propuesta de la patronal en este sentido pasa por una mediación entre propietarios y arrendatarios sin que esta se vea "alterada con una cláusula que adelanta el resultado final de la negociación". 

Un contexto negativo

Foment de Treball reconoce que esta nueva regulación se da en un contexto en el que se están produciendo suspensión de actividad en bares, restaurantes o gimnasios, hecho que se traduce en pérdida de ingresos. Con todo, señala que “no puede ser asumida ni por los propietarios de los locales, ni tampoco por los empresarios, sino que se debe repercutir a la Administración que ha ordenado el cierre de los negocios”. Además llama la atención sobre el difícil encaje jurídico de la medida. 

Si bien considera correcto promover una negociación, “no es asumible dictar una norma que la altera y condena previamente a los propietarios a perder una parte o la totalidad de la renta”. Además, afirma que el decreto ley en ciernes es "injusto y lesivo" para los propietarios y condena aún más al cierre de los negocios y a la pérdida de empleo.

Un restaurante de Barcelona cerrado
LA ENCUESTA ¿Es razonable la obligación de rebajar el alquiler a bares y restaurantes decretada por la Generalitat?

Responsabilidades del Govern

El consejero de Empresa, Ramon Tremosa, ha prometido de nuevo a los empresarios de la restauración que el Ejecutivo destinará 40 millones a este fin. Aún no ha fijado una fecha concreta en que se podrán solicitar unas ayudas públicas que serán insuficientes para cubrir las pérdidas sectoriales que se generarán en los primeros 15 días de las restricciones activas.

 

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