El presidente de Ferrovial, Rafael del Pino (dcha.), y el consejero delegado, Ignacio Madridejos / EP
La pugna de Ferrovial con el Govern por las autopistas acaba en el Constitucional
La compañía prepara un recurso de amparo después de que el Supremo inadmitiera una reclamación contra el cambio de las condiciones en Autema, lo que le ha llevado a provisionar 168 millones
2 marzo, 2021 00:00El pleito administrativo que mantiene Ferrovial con la Generalitat de Cataluña a costa de las modificaciones en la concesión de la autopista Terrassa-Manresa (Autema) llegará hasta el Tribunal Constitucional. A él acudirá la compañía después de que el Tribunal Supremo no haya ni siquiera admitido a trámite un recurso contra una sentencia que le daba la razón al Govern, lo que ha obligado al grupo de construcción, servicios y concesiones a provisionar 168 millones de euros en su inmovilizado.
La resolución del Supremo, decretada el pasado octubre, ha pillado con el paso cambiado a Ferrovial. No sólo descontaba la admisión a trámite del recurso sino que, además, estimaba altamente probable que el Alto Tribunal sentenciara a su favor.
Resolución firme
La prueba es que el grupo controlado por la familia Del Pino tan sólo provisionó 58 millones de euros en sus cuentas de 2019 en relación con el pleito de Autema y la justificación fue la previsión de que el proceso judicial se dilataría en el tiempo, lo que retrasaría el cobro de las compensaciones que los jueces determinarían con casi toda seguridad a su favor.
Para sorpresa de Ferrovial, el trámite ha finalizado mucho antes de lo que preveía. Con la no admisión a trámite del recurso ante el Supremo, la resolución dictada en su día por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a favor de la Generalitat en este asunto se convierte en firme.
Incidente de nulidad
En un primer momento, Autema (participada en un 76% por Ferrovial y un 24% por Abertis) presentó un incidente de nulidad contra la decisión del Supremo, bajo el argumento de que el Alto Tribunal debió elevar una consulta de interpretación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea antes de pronunciarse sobre la inadmisión a trámite del recurso.
Sin embargo, este incidente tampoco ha sido admitido, según consta en el informe anual de Ferrovial correspondiente al año 2020. De este modo, la siguiente medida encaminará los pasos de Autema hacia el Tribunal Constitucional, ante el que presentará un recurso de amparo.
El factor riesgo
El inicio del pleito se remonta a mediados de 2015, cuando la Generalitat aprobó dos decretos que suponían modificar de forma sustancial los términos de la concesión de la C-16 (Terrassa-Manresa).
Básicamente, los cambios pasaban a introducir el factor riesgo en la concesión, que en su planteamiento inicial no lo tenía puesto que la Administración se encargaba de abonar a Autema la diferencia entre los ingresos por los peajes y el excedente de explotación contemplado en el plan económico-financiero de la sociedad.
Impacto en los ingresos
A partir de la aprobación de los decretos, los ingresos pasaron a depender de la afluencia del tráfico y, además, la Generalitat subvenciona a partir de entonces parte del pago del peaje a los usuarios. Ferrovial estimó en su día un impacto negativo en la cifra de negocio de Autema de entre el 43% y el 50%.
A raíz de la inesperada resolución por parte del Tribunal Supremo, la cotizada ha optado por modificar la clasificación de Autema en sus cuentas. Ha pasado de ser considerada como un activo financiero a ser un activo intangible.
Concesión hasta 2036
El impacto en los resultados de 2020 ha sido, paradójicamente, positivo (en torno a 10 millones de euros). La provisión citada en el inmovilizado ha sido compensada por la liquidación de parte de un derivado contratado por la compañía en 2008 relacionado con la concesión.
Sin embargo, el recorte en la cifra de ingresos será más que considerable. La concesión de la C-16 data de 1986 y contempla un periodo de 50 años, con lo que a día de hoy restan aun 15 para llegar a su final.
