El caso TransPerfect es uno de los más complejos y mediáticos de los últimos años. Como resultado de esta polémica se vieron en peligro más de 600 empleos en Barcelona y 5.000 en todo el mundo, y se ha puesto de manifiesto las graves carencias del sistema judicial de Delaware que afectan de forma directa a sus empresas y ciudadanos.
Las críticas que ha recibido este Estado de la costa este norteamericana, antaño conocido por sus ventajas fiscales y su capacidad para atraer empresas, han mermado su competitividad. Los ciudadanos de Delaware han presenciado con impotencia cómo el juez de la Corte Suprema André Bouchard decretaba en los últimos años la venta forzosa de una compañía privada con beneficios.
Esto puso en riesgo empleos y otorgó el control del grupo al bufete Skadden por afinidades personales ocultando los registros del caso TransPerfect a la opinión pública, entre otros. Estas acciones han causado un impacto negativo en el prestigio del sistema judicial de Delaware entre empresas, instituciones y profesionales estadounidenses.
Protestas por falta de diversidad
La falta de diversidad ha abierto un nuevo capítulo en la crisis de su sistema judicial. El problema ha adquirido mayor protagonismo social desde que el Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una investigación al juez Bouchard y a Robert Pincus, socio de Skadden, que gestionaron el proceso de venta de la compañía TransPerfect por presunta discriminación durante 2017, cuando la empresa estaba bajo su control.
Activistas por los derechos civiles y sociales como los reverendos Al Sharpton y Dale Dennis han cargado contra la falta de diversidad y han encabezado marchas en Delaware reclamando que los estamentos judiciales no estén copados sólo por hombres blancos. Asimismo, han emprendido una comisión de estudio de la diversidad en el sistema judicial del Estado de Delaware para darle notoriedad a este problema.
El reverendo Dennis ha encabezado una concentración de protesta a las puertas del Senado. Y es que el Comité Ejecutivo de esta Cámara ha aprobado que el magistrado Paul Fioravanti reemplace al magistrado de color Tamika Montgomery-Reeves como miembro de la Corte Suprema de Delaware, mientras a Al Sharpton se le ha denegado la oportunidad de declarar en dicha vista judicial.
Skadden, en el centro de las críticas
El bufete de abogados Skadden ha sido uno de los principales focos de las críticas sociales. A pesar de hacer bandera de la diversidad en sus comunicaciones, la realidad es que 9 de cada 10 asociados de la firmas son caucásicos.
De este bufete provienen tanto Bouchard como Pincus, ambos envueltos en la polémica del caso TransPerfect e investigados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presunta discriminación racial. En este sentido, Pincus actuó como administrador judicial de la compañía durante el proceso de venta y durante su mandato redujo los beneficios de forma deproporcionada a los empleados de las minorías. De forma paralela, engrosaba la factura en favor de Skadden.
4’1 millones de euros de sanción
La firma tuvo que pagar cerca de 4,1 millones de euros de sanción en 2019 por incumplir la Ley de Registro de Agentes Extranjeros estadounidense (FARA) en los trabajos de lobby político realizado con el condenado Paul Manafort. Se les acusa de beneficiar al Gobierno de Ucrania en 2012 y 2013 a favor de Víktor Yanukovich, presidente de ese país de 2010 a 2014.
Sharpton y Dennis han afirmado por carta que, debido al elevado peso que tiene Skadden en el sistema judicial del Estado, son precisamente los que tienen más obligación de promover la diversidad entre sus asociados y los jueces del Estado. En el comunicado también han aseverado que "la Corte de Delaware debería parecerse a la gente de Delaware, no solamente a una minoría.”