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El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en la reunión con la patronal de las empresas de estiba Anesco y los representantes sindicales de los estibadores / EFE

Los estibadores mantienen la huelga y amenazan con más paros si se aprueba el decreto

La reunión entre la patronal Anesco, el sindicato y Fomento termina sin acuerdo

2 min

Todavía no hay acuerdo sobre la reforma del sector de la estiba. La reunión entre el Ministerio de Fomento, la patronal Anesco y el sindicato mayoritario, la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM) ha terminado este martes con las posiciones igual de alejadas con las que empezó.

El Gobierno mantiene su propuesta de decreto ley, que liberalizaría el sector y terminaría con el sistema actual de acceso a la profesión. Si no se alcanza un acuerdo, será aprobado por el Consejo de Ministros del viernes, aunque después será el Congreso que tendrá que votar a favor.

Ante esta situación, los estibadores mantienen el preaviso de huelga de la semana que viene, con paros parciales previstos para los días 20, 22 y 24 de febrero. Además, el coordinador principal del sindicato, Antolín Goya, ha asegurado que puede haber más movilizaciones: “Si el viernes se aprueba la reforma nos obligarán a plantear otros preavisos de huelga. ¿Qué otra cosa podemos hacer?”, ha dicho al finalizar el encuentro.

“Marcha lenta”

Hace una semana que tanto las empresas de estiba como los mayores puertos del país –Valencia, Barcelona y Algeciras–, denuncian huelgas encubiertas. El ritmo de la producción, aseguran, está entre el 85% y el 95% por debajo de lo que estipula el convenio colectivo. Los trabajadores lo niegan y atribuyen el descenso de productividad al “enfado” que les causa la situación. Culpan a Fomento y su propuesta “inmodificable” de no avanzar en las negociaciones.

Los representantes sindicales aseguran que han acudido a la reunión con el ministro Íñigo de la Serna con una lista de propuestas para adaptar la reforma tanto a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como a sus exigencias. El Gobierno, sin embargo, se opone a su principal demanda: un registro de estibadores. 

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