Tres estafas bancarias que el Gobierno no se atreve a ilegalizar

La crisis destapó prácticas bancarias como las participaciones preferentes o las cláusulas suelo que, si bien no eran ilegales, sí aprovecharon y perpetuaron la falta de información de los clientes de a pie para conseguir vastos beneficios, cosa que hoy penalizaría cualquier juez.

Como consecuencia más o menos directa, muchas familias se quedaron sin casa, otras sin ahorros para superar lo peor de la crisis, y estas situaciones desesperadas se convirtieron, a la fuerza, en un clamor masivo que la Administración, constantemente interpelada desde la calle y los medios, no pudo obviar.

Ahora bien, su respuesta, lejos de ser contundente o al menos aclaratoria, ha sido hasta ahora tenue y confusa, ya que se ha limitado a dar algunas pautas a las entidades bancarias bajo el título de “recomendaciones” que han visto la luz en comunicados emitidos no por el Gobierno, sino por la CNMV o el Banco de España. En este escenario han quedado atrapados al menos tres problemas financieros comunes que, de momento, siguen en un “limbo” jurídico que impide condenarlos y enmendarlos.

Estafa bancaria 1: las participaciones preferentes

Si bien el Gobierno admite ante los medios que estos productos de inversión sólo aptos para expertos (preferentes, CoCos, derivados…) que han sido colocados a pequeños ahorradores carecen de "información suficiente y comparable y la presentación es confusa o incompleta", sigue sin catalogar las preferentes como productos de riesgo en su “semáforo cromático”, la herramienta que indica hasta qué punto un producto es más o menos adecuado para un inversor conservador.

Es decir, admite que en sus panfletos debería constar la “luz roja” pero no pone por escrito que es ilegal colocárselo a los inversores no expertos. La aparición de los indicadores de riesgo en estos productos no se hará, según fuentes del Ejecutivo, hasta el 31 de diciembre de 2016.

Estafa bancaria 2: las cláusulas suelo

Esta condición del contrato hipotecario que aumentó las cuotas mensuales de los afectados en 100, 200 y hasta 300 euros ya ha sido condenada por cientos de sentencias en primera instancia y audiencias provinciales, y hasta en cuatro ocasiones por el Tribunal Supremo.

Es más, hay cuatro bancos –BBVA, Abanca, Cajamar y CajaSur– a los que les fue exigida su retirada inmediata por falta de información precontractual y desequilibrio entre las protecciones que ofrecía al cliente y las que se tomaba el banco. Aun así, a día de hoy y a la espera del posicionamiento del Tribunal de Justicia de la UE y del fallo de la macrosentencia interpuesta por ADICAE que ciertamente podrían dar un vuelco a la situación, las cláusulas suelo siguen siendo legales en España y los afectados siguen sin conseguir recuperar su dinero.

Estafa bancaria 3: las comisiones desorbitadas en cajeros

En los últimos meses se han producido tantos cambios en el coste de operar con los cajeros automáticos que muy pocos clientes saben hoy qué bancos les van a cobrar y cuáles no. En el peor momento del problema, los usuarios llegaron a pagar comisiones muy altas, de 2 y 3 euros, de forma doble, ya que les cobraba tanto su propio banco como el dueño del cajero.

Las quejas forzaron a publicar una ley que impedía esta doble comisión pero que no ha establecido ni piensa establecer ningún máximo a cobrar. Como toda respuesta, la CNMC ha recomendado que “las comisiones estén orientadas a costes” y el 1 de enero de 2016 las entidades deberán comunicar cuánto piensan cargar por el servicio.

Sólo entonces podremos ver cuál es, finalmente, el gasto repercutido al cliente. ¿Recuperarán el dinero los que llegaron a pagar la doble comisión? Portavoces del Banco de España aseguran estar “exigiendo a los bancos que devuelvan las cantidades” pero, de momento, ningún banco ha sido obligado a hacerlo.

Tasadoras y bancos

La lista de casos sin resolver podría haber sido más extensa: tasadoras que a pesar de la ley nunca han llegado a ser independientes de los bancos que dan las hipotecas, información precontractual que no consta de forma visible en la web de la entidad, como se les exige, sino en letra minúscula en una zona escondida del portal.

Todos ellos son casos en que los afectados dispuestos a reclamar se encuentran con muchas recomendaciones bienintencionadas pero pocas leyes a las que aferrarse. Tanto es así que hasta la CNMV y el Banco de España han tildado de “frustrante y absurdo” el sistema actual de reclamaciones financieras, ya que les crea un atasco burocrático enorme para que, al final, las quejas solo sean consultivas y sus resoluciones, no vinculantes.

Y guinda final: aunque el Gobierno hizo público que crearía un potente defensor del cliente financiero que evitara que muchos casos llegaran a los juzgados, la nueva ley todavía está en suspenso mientras, de momento, todo sigue igual.