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Pedro Sánchez, presidente del Gobierno / EP

El Estado avalará el 80% del crédito a pymes y autónomos

El consejo de ministros aprueba un primer tramo de línea de avales por 20.000 millones de euros, del programa de 100.000 millones que acordó la pasada semana

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El Gobierno ha aprobado las condiciones de los avales del Estado para facilitar a las empresas el acceso al crédito en el marco de las medidas acordadas la pasada semana para paliar los efectos económicos del coronavirus. Finalmente, el Estado garantizará el 80% de los créditos cuando sean solicitados por pymes y autónomos. Para el resto de empresas, el aval público respaldará el 70% del crédito (el 60% si se trata de una renovación)

En principio, se pondrá en marcha una primera fase de avales, por valor de 20.000 millones de euros, la quinta parte del total. La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, explicó que esta parcelación obedece al deseo del Ejecutivo de comprobar el funcionamiento del mecanismo "por si fuera necesario incluir algunos ajustes". No obstante, aseguró que en el momento en que se agote esta línea, quedará renovada de forma automática. 

 

 

El Estado avalará el 80% del crédito a pymes y autónomos / EFE

Cinco años

Los créditos que cuenten con estos avales tendrán una duración máxima de cinco años, según la medida que acaba de ser aprobada por el consejo de ministros. Además, estas condiciones se aplicarán de forma retroactiva para todos aquellos préstamos que se solicitaron a partir del pasado día 18 de marzo. 

En cuanto a los tipos de interés que las entidades financieras aplicarán en cada caso, el Gobierno no establece una medida al respecto, aunque Montero apeló a la responsabilidad de los bancos para fijar unas tasas que se puedan considerar como razonables.

Prórroga del estado de alarma

El consejo de ministros también aprobó la solicitud para prorrogar durante 15 días más la declaración del estado de alarma acordado el pasado 14 de marzo. El pleno del Congreso aprobará este miércoles este peticion, para lo que el Gobierno espera "el apoyo de todas las fuerzas políticas".

Posteriormente, una vez obtenido el plácet del Congreso, el Ejecutivo deberá aprobar como tal esta prórroga, para lo cual se convocará una reunión extraordinaria del consejo de ministros el próximo viernes. 

Plan de choque

La pasada semana, el consejo de ministros aprobó un plan de choque contra los efectos de la expansión del coronavirus, por el que se movilizarán 200.000 millones de euros, especialmente en apoyo de colectivos como las pymes y los autónomos.

Una parte sustancial de este plan consiste en las líneas de avales públicos para facilitar el acceso de los citados colectivos al crédito, con el fin de que obtengan cuanto antes la liquidez de que precisan en la actualidad para paliar las notables caídas en la facturación que han sufrido, derivadas de las medidas restrictivas aprobadas por el Gobierno en el marco del estado de alarma que se declaró el pasado 14 de marzo.

Protección a desempleados

El Gobierno también puso en marcha una serie de ambiciosas medidas de protección a aquellos trabajadores que se queden sin empleo como consecuencia de los ajustes laborales como consecuencia del parón de la producción.

La normativa que aprobará el Gobierno en materia laboral, que tendrán carácter temporal, consiste básicamente en enmarcar en una situación de fuerza mayor los ajustes de plantilla llevados a cabo por las empresas que se deriven de las distintas medidas adoptadas por el Ejecutivo adoptadas por la expansión del coronavirus entre las que, por supuesto, se incluye la declaración del estado de alarma.

Paralización de la producción

Así, la consideración de situación de fuerza mayor se podrá aplicar a despidos temporales causados por la suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad de las personas.

También se incluyen como causas relacionadas con el Covid-19 la derivada de falta de suministros que impidan continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, o bien en situaciones urgentes y extraordinarias debidas el contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria. Todas ellas deberán quedar debidamente acreditados.