España deberá pagar 49.000 euros diarios por las cuentas de pago

La sanción será efectiva en el momento en que el tribunal de justicia comunitario ratifique los fallos en transponer una normativa de Bruselas

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, la institución que propone multar a España por las cuentas de pago / EFE
17.05.2018 14:10 h.
2 min

España se enfrenta a una multa diaria de 49.000 euros por la normativa vigente sobre cuentas de pago. La Comisión Europea ha anunciado este jueves la sanción, que se hará efectiva cuando el Tribunal de Justicia de la UE (TUE) emita una sentencia al respecto. Bruselas considera que existen suficientes indicios para asegurar que el Gobierno de Mariano Rajoy no ha trasladado al completo la legislación comunitaria.

Si finalmente se aprueba, sólo se interrumpirán cuando se modifique la legislación nacional. El Ejectuvo de Jean-Claude Juncker quiere asegurarse de este modo que se mejora la transparencia financiera. La medida pretendía asegurar el acceso universal a una cuenta corriente que permitiera domiciliar recibos, usar tarjetas o hacer transferencias a cambio de una “comisión razonable”.

Productos simples

Las autoridades españolas “no han notificado correctamente” que se hayan trasladado todos los preceptos, indica la Comisión en un comunicado. Por lo que da por sentado que no se ha adaptado la normativa de las entidades financieras para conseguir que estos productos sean simples de entender.

Tanto para compararlas como para poder trasladar los ahorros. De una entidad a otra e incluso la movilidad entre Estados miembro, otro de los objetivos perseguidos.

Pesquisas desde 2016

El Gobierno tenía hasta el 18 de septiembre de 2016 para realizar los cambios. Se aprobaron en el Consejo de Ministros del pasado 24 de noviembre, más de un año después. Los servicios comunitarios ya habían abierto un expediente a España para fiscalizar la cuestión. La respuesta del Ejecutivo español no fue satisfactoria y el caso se elevó al TUE.

Ahora, todo está en manos del tribunal de Luxemburgo. Los magistrados deberán decidir si ha lugar a la sanción y si se aplica con carácter retroactivo. Cuestión que impactaría en las cuentas públicas para el ejercicio en curso. También tiene potestad de modificar la cuantía económica.

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