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Ramiro Aurín (izquierda) y Ramón Tamames (centro), presentan su último trabajo en el Círculo de Economía, representado por Jordi Alberich (derecha).

¿Es necesaria la gestión publica del agua en España?

El economista Ramón Tamames y el ingeniero Ramiro Aurín defienden el sistema actual, la implementación de un ‘superregulador’ del sector y alertan de la irrupción de los discursos populistas en el sector

Cristina Farrés
19.04.2016 17:52 h.
4 min

España es uno de los países con menos recursos hídricos de la Unión Europa; es también uno de los territorios con las tarifas de consumo más bajas y en el que se multiplica la tendencia de reclamar acabar con la concesión de estos servicios. “Es el resultado de la convergencia de la corrupción y el populismo”, manifestó el economista emérito Ramón Tamames este en el Círculo de Economía de Barcelona al presentar su último trabajo, el estudio Gobernanza y gestión del agua: modelos público y privado (Profit editorial e Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada). 'Gobernanza y gestión del agua', por Ramón Tamames y Ramiro Aurín

El libro, escrito a cuatro manos junto al ingeniero y experto en el sector Ramiro Aurín, defiende que la concesión es la mejor forma para garantizar que todos los hogares españoles reciben agua potable sin ningún problema y mantener la contención de los precios. “Soy de Barcelona, y la última vez que recuerdo llenar la bañera en casa para prevenir un corte de agua fue cuándo era muy pequeño”, relató Aurín como ejemplo de la excelencia del servicio en la capital catalana.

Creación de un gran regulador

Para mejorar, ponen varias propuestas sobre la mesa como la de unificar tarifas o ser más transparente en la factura. Aunque la medida que Tamames y Aurín exigen con mayor vehemencia es la implementación de un regulador del sector con poderes reales que fiscalice las concesiones y evite que sean pasto de la corrupción o el enriquecimiento ilícito de particulares, como parece que ha ocurrido en Cataluña en el caso ATLL.

El ingeniero rehuyó el modelo de control actual vigente en España, en el que el PP apostó por unificar los reguladores en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por una cuestión de ahorro de costes. En el libro mantienen que es indispensable dotarse de un órgano con un ámbito de actuación específico en el que se garantice su independencia total y se le otorguen suficientes competencias para ejecutar políticas como homogeneizar los contratos de concesión.

Necesidad de innovar

En este escenario no tiene cabida la prestación del servicio público, con poca flexibilidad y sin la capacidad de generar el know how que requiere captar agua, potabilizarla, llevarla hasta el depósito de cabecera de un municipio, repartirlo entre todas las viviendas e industrias de la población, recuperarla una vez ha sido usada y depurarla antes de que retorne al mar. Es decir, gestionar el ciclo del agua con la constante mejora y mantenimiento de las infraestructuas. “Quién lo genera son las universidades, los centros tecnológicos y las buenas compañías”, mantuvo Tamames.

Para argumentar el éxito dudoso del fin de las concesiones los dos autores ponen como referencia la remunicipalización de los servicios de agua en las ciudades de Berlín tras una votación popular y París al salir a la luz las prácticas corruptas de la concesionaria. Los ciudadanos de la capital alemana son los que pagan más por abrir el grifo y disponer de agua potable y en el epicentro de Francia las pérdidas de la compañía pública se han disparado.

La apuesta de los dos autores es dejar la prestación del servicio en manos privadas pero con una fiscalización total y plenipotenciaria.