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Ana Pastor, Meritxell Batet y Patricia Reyez Rivera tras decidirse el plazo sobre la quiebra de Thomas Cook en el Congreso / EP

Ocho días para enmendar el proyecto de ley de Thomas Cook

El Congreso da ese plazo a los grupos para registrar sus enmiendas enfocadas a paliar las consecuencias de la quiebra del turoperador británico

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La Mesa de la Diputación Permanente del Congreso ha acordado en su reunión de este lunes, 4 de noviembre, dar un plazo de ocho días hábiles a los grupos para registrar sus enmiendas al proyecto de ley derivado del decreto con medidas para paliar las consecuencias de la quiebra del turoperador británico Thomas Cook. Según han informado fuentes parlamentarias, se trata del plazo reglamentario en las tramitaciones de urgencia y echará a andar a partir de la publicación del citado proyecto de ley.

La iniciativa tiene origen en el decreto ley aprobado por el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez como "respuesta urgente" a la quiebra de esta turoperadora británica. En él se habilitó una línea de financiación para hacer frente a problemas de liquidez y extendiendo bonificaciones a la contratación de trabajadores en el sector turístico. Así, el Congreso convalidó el decreto ley con votos de PSOE, PP, Ciudadanos, Unidas Podemos, PNV y Coalición Canaria en la Diputación Permanente del pasado 22 de octubre, pero la oposición forzó su tramitación como proyecto de ley para poder plantear cambios.

Tramitación en menos de un mes

Para poder modificar el texto del ahora proyecto de ley, las Cortes (Congreso y Senado) deberán completar la tramitación de la iniciativa en menos de un mes, con el tope del 3 de diciembre, día en el que está prevista la constitución de las cámaras legislativas resultantes de las elecciones del próximo 10 de noviembre.

Al tramitarse por la vía de urgencia, todos los plazos se acortan a la mitad, pero nada impide la presentación de peticiones de prórroga. Y todos los trámites (debate de totalidad, y de enmiendas parciales) deben sustanciarse en la Diputación Permanente, que es el único órgano que permanece en pie desde la disolución de las Cortes.

Asimismo, estos cambios deberán pasar por el Senado, donde la mayoría absoluta la tiene el PSOE, grupo que se opuso a abrir esta tramitación. Si hubiera cambios en la Cámara Alta, estas modificaciones tendrán que volver a examinarse en el Congreso.