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Álvaro Nadal, ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital en una imagen de archivo / EFE

Las energéticas se quejan de la nueva regulación que prepara el Gobierno

El sector recuerda que sólo el 25% de la factura que paga la ciudadanía viene del consumo real con precios que están en la media europea

23.11.2017 00:00 h.
5 min

El sector energético se queja del camino que ha emprendido el Gobierno para impulsar una nueva regulación del sector. El borrador con el que trabaja el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, encabezado por Álvaro Nadal, contempla regular el cierre de las centrales y denegar la clausura si se considera que puede generar “efectos desfavorables en el precio de la electricidad”, tal y como informó el propio departamento, o que el titular las ceda a un tercero en el caso de querer mantener los planes de cierre. Supeditarlo al “interés general”.

Algo que se ha ganado la negativa frontal de las principales empresas de generación. Fuentes del sector recuerdan que, de entrada, el precio de la energía eléctrica en España está en línea con el resto de la Unión Europea pero que el coste del consumo sólo supone el 25% de la factura final que remiten a los usuarios.

Señalan que la parte del león corresponde a los costes de la política energética (30%) y los impuestos (27%), el 57% del total; además de otro 18% para sufragar el transporte y la distribución. Indican que el tipo del IVA que se aplica es uno de los más altos del continente.

Revisar los impuestos asociados

El impacto de estos costes que se tildan de políticos supera los 11.000 millones anuales, de los que el 75% son subvenciones.

Y aquí se critica que el plan de avanzar hacia una generación más sostenible choca con mantener las centrales con emisiones de CO2 más altas. Principalmente las que usan carbón. Una incongruencia que propicia que la rebaja de emisiones caiga en saco roto.

Más presión sobre el sector privado

El mensaje que se manda al Ejecutivo es que para bajar la factura final es más factible revisar los costes asociados que no incrementar la presión sobre el sector privado. Sobre todo mediante el desarrollo de un reglamento cuya máxima consideran que es casi como un abuso de posición dominante, un aviso a navegantes que podría generar un nuevo litigio, aunque por ahora no está sobre la mesa.

Señalan que operar en el mercado español se complica con la nueva regla de juego. En el análisis de las condiciones, destacan otra anomalía respecto al resto de socios europeos: la vinculación de los precios de la energía a la evolución del pool energético.

Único mercado europeo vinculado al ‘pool’

Un sistema con oscilaciones que los interlocutores comparan con las de los mercados bursátiles. Con momentos a precio de energía cero, como ocurrió en algunos días del inicio del ejercicio, y otros con costes por las nubes, algo que podría ocurrir en las próximas semanas. En este sentido, cabe tener en cuenta el efecto de la sequía sobre el precio de la energía, ya que la falta de agua también paraliza las centrales hidráulicas.

Por todo ello, consideran que para impulsar una verdadera política energética a largo plazo se deben abordar cuestiones como qué se imputa de verdad a la factura y si alguna parte se puede derivar al Presupuesto General del Estado. Consideran que aplicar la norma tal y como se ha planteado supone un lastre en un sector en el que no se teme por el blackout porque la producción supera al consumo.

Más, en un momento en el que se prepara un baile a nivel europeo. Fusiones entre grandes compañías para buscar mayor rentabilidad de los proyectos y poder expandirse en nuevos mercados --se mira con especial interés Asia y África--. Temen que con la falta de previsibilidad y los nuevos caminos que ha emprendido el Gobierno, estar en España al final lastre.