El 82% de las empresas catalanas incumplen las cuotas de contratación por discapacidad

Ocho de cada diez empresas catalanas con más de 50 empleados incumplen la ley estatal que obliga a que al menos el 2% de la plantilla la integren personas con discapacidad. Un porcentaje que generaría 30.000 nuevos puestos de trabajo y que supondría erradicar el paro entre este colectivo.

Según asegura a este medio Carlos Moreno, de UGT Cataluña, los datos son del Consell de Relacions Laborals, aunque el Departament de Treball afirma no tener constancia. Desde la Generalitat detallan que en 2018 la acción de la Inspección de Trabajo generó 420 nuevas contrataciones de personas con discapacidad física y/o sensorial.

Convenio estatal

Este martes los sindicatos han dejado caer el Convenio Colectivo de Trabajo del Sector de Centros Especiales de Trabajadores con Discapacidad de Cataluña por la imposibilidad de llegar a un acuerdo con la patronal. Tras la negociación fallida, se aplicará el marco estatal, ya que, apuntan desde el sindicato, aporta mayores beneficios para los empleados.

"Las condiciones laborales que contempla son muy precarias, y ni siquiera el salario base es el mínimo interprofesional y lo que perseguíamos era dignificar la labor de las personas con discapacidad”, señala Moreno, tras cerca de cuatro años de negociación, en los que se ha encontrado con una negativa a prácticamente todas sus propuestas. Por ello, como el convenio estatal establece mejores condiciones laborales para este colectivo, y la normativa impide que el marco autonómico las rebaje, se han decantado por el primero. La línea roja que les llevó a ello fue el rechazo de la patronal a aceptar las incapacidades temporales (IT) derivadas de la propia discapacidad, cuentan desde UGT. Una postura que tildan de “broma de mal gusto”.

Sueldo diferente por el mismo empleo

El principal escollo tampoco queda resuelto y es que el propio convenio hace que dos personas que realizan la misma tarea cobren un sueldo diferente. Una de ellas, la que tiene alguna discapacidad, puede quedarse con el SMI mientras que el otro trabajador puede rebasar los 1.200 euros mensuales. “Los Centros Especiales de Trabajo (CET) se están reconvirtiendo en multiservicios low-cost”, sostiene Moreno, que pone la jardinería como ejemplo de discriminación. 

“Cuando uno ya desarrolla una tarea, debería incorporarse al mundo laboral ordinario y dejar de regirse por el convenio de personas con discapacidad, porque si no su salario sigue siendo una miseria”, lamentan desde UGT. “Una situación que beneficia a todos --Administración y empresarios--, excepto al propio trabajador”, lamenta Moreno.

Centros de Especiales de Trabajo (CET)

Por una parte, los CET cuentan con “gente preparada y a bajo coste”, al igual que la empresa que subcontrata. "Les sale más barato contratar a través de estos centros por los beneficios fiscales que aporta. El 25% del SMI lo reciben de la Administración, tampoco paga sus cuotas de la Seguridad Social. En cambio, si el acuerdo laboral lo cerrase directamente la compañía, solo disfrutaría de esos beneficios los primeros doce meses de la vida laboral de la persona con discapacidad. “Por eso a la empresa ordinaria le sale más a cuenta subcontratar a través de un CET que incorporar al trabajador. Así ganan todos menos el empleado”, lamenta Moreno.

Por su parte, Cristian Rovira, vicepresidente de Sifu --uno de los centros de empleo más grandes del país--, sostiene que los sindicatos han dejado caer el convenio autonómico porque “no les interesaba”. “Había voluntad de llegar a un acuerdo, lo normal sería haber luchado por mantenerlo", sostiene. Ante la negativa de la patronal a reconocer las IT razona que “en el convenio ya se reflejan una serie de días de baja por la propia discapacidad”.

Contratación de personas con discapacidad

Sobre el incumplimiento de la cuota del 2%, Rovira lamenta que “la gran mayoría de empresas lo hace. Es más, las Administraciones y algún sindicato también. Desgraciadamente, el incumplimiento es generalizado”.

“Sucede porque, normalmente, las leyes se cumplen por obligación, y no por convicción y el Estado pone las herramientas para lo primero, pero hay pocos recursos por parte de la Administración para Inspección de Trabajo, y, además, la multa es tan pequeña que compensa más pagarla que cubrir esa cuota”, señalan desde Sifu.

Adaptación al mundo laboral

Los sindicatos estudian, junto al Consell de Relacions Laborals y el Pacto Nacional para el Trabajo de las Personas con Discapacidad, la posibilidad de reorganizar las tareas de los CET y, a través de una partida presupuestaria, hacer que las empresas se puedan acoger a un mayor beneficio fiscal si optan por trabajadores con discapacidad que necesiten el apoyo de un supervisor. Mientras que, la gran mayoría, totalmente adaptados al mundo laboral, se rijan por el convenio del sector en el que trabajan y no por el del colectivo, para acabar así con la discriminación que sufren.