La calma chicha en que vivía el empresariado catalán el procés se ha acabado. La tramitación de la ley del referéndum y la de transitoriedad en el Parlament, la Diada y el caso Munich, el boicot al que se enfrenta la conocida marca de calzado deportivo por presuntamente apoyar la secesión (algo que los responsables del grupo han negado), han erosionado la prudencia con la que el mundo económico valoraba el proceso hacia la independencia.
Ahora, las consultas a los asesores legales están al orden del día para preparar de urgencia un plan de contingencia o sacar polvo al que descansa desde hace dos años en el fondo de un cajón. “Todas las medianas y grandes compañías lo habían preparado hace tiempo”, explican profesionales del sector bajo condición de anonimato.
Evitar una posición pública
En estos momentos conviene no posicionarse ni a favor ni en contra de la secesión. Los ejecutivos y profesionales son conscientes de que una declaración en cualquier sentido desataría reacciones a favor o en contra de la compañía que en última instancia afectarían de forma negativa la cuenta de resultados.
Son las pymes las que están más a la “expectativa”, relatan los asesores. Realizan más consultas empresariales para saber hacia dónde avanzar, pero su estructura les dificulta prepararse ante una posible declaración unilateral de independencia con la misma facilidad que las sociedades de mayor tamaño.
Este escenario casi se descartaba hasta el pasado 6 de septiembre, fecha de la primera sesión de desconexión en la que el Parlament se descolgó de la legislación española. Ahora, se contempla como una posibilidad ante la que se debe estar preparado. Y el miedo del boicot desde sectores independentistas o antiindependentistas implica asegurarse la presencia en ambos territorios llegado el caso.
Cuentas espejo y sociedades ‘durmientes’
La principal recomendación de los asesores pasa, de entrada, por las ya famosas cuentas espejo. Dotarse de un producto financiero que esté referenciado a una oficina fuera de Cataluña. Las zonas preferidas por los ejecutivos (y algunos particulares) son Castellón y Zaragoza, “donde se puede llegar fácilmente en coche”.
También se han disparado la creación de las denominadas sociedades durmientes. Empresas radicadas fuera de Cataluña a las que se podría trasladar la sede social del grupo, gesto que implicaría continuar con la actividad habitual incluso sin tener que mover el personal de sus centros de trabajo. Sí que tendría un impacto fiscal nocivo, en este caso, para la Generalitat. Implicaría cambiar el territorio de liquidación de los tributos.
Cláusulas de desconexión
En cuanto a los efectos sobre inversiones, los asesores indican que la inmensa mayoría se han congelado como mínimo hasta pasado el 1 de octubre, fecha del referéndum. En los últimos tiempos también se han puesto de moda en Cataluña las llamadas cláusulas de desconexión, adendas contractuales que dejan claro que los “fueros que serán aplicables son los del Estado”.
Es decir, contemplan continuar operando bajo el paraguas de la legislación española y dentro del marco de la Unión Europea. En el caso más extremo, algunos contratos incluyen el cese automático de las relaciones comerciales por los “problemas que puedan existir con los pagos o entregas de mercancías”.
Los asesores consultados relatan que la tensión empresarial y los movimientos que se han producido en los últimos días tienen un precedente reciente. La inquietud por la situación política catalana es similar a la que se vivió en España en los momentos más duros de la crisis, cuando acechó el fantasma de la intervención y se disparó su trabajo por las contingencias de los empresarios para afrontar la situación. Esperan y confían en que también se quede en poco más que una anécdota.
