El empresariado teme verse arrastrado por la inhabilitación de Torra

Firmes en las cuestiones que ahora son determinantes. El empresariado catalán teme verse arrastrado por la inhabilitación del ya expresidente Quim Torra y rechaza cualquier operación de “propaganda”. El movimiento independentista ha iniciado ya esa presión a todas las entidades, a la sociedad civil, al considerar que la decisión del Tribunal Supremo supone un “ataque frontal” contra la democracia. Con la reacción en caliente de entidades tan significativas como el FC Barcelona, que ve en la destitución un acto “desproporcionado” y un ataque “grave” a las instituciones catalanas, las organizaciones patronales y los sindicatos, --que lo señalaron de forma pública-- piden elecciones de inmediato y se desmarcan de “cualquier intento de protesta social que complique todavía más las cosas".

Los tiempos exigen otra actitud. “Estamos preocupados por la prórroga de los ERTE --que se negociaban en las últimas horas, con un primer preacuerdo, para que se puedan mantenerse más allá del 30 de septiembre--, y por un proceso necesario de reindustrialización en Cataluña y en toda España”, señalan las fuentes patronales, que se desmarcan de una supuesta indignación por inhabilitación. Lo que se pide, con angustia, es que “no haya un Govern en funciones durante seis meses, entre las elecciones y la formación del nuevo Ejecutivo”. Pero eso es lo que puede suceder, si no se encuentra ninguna fórmula que agilice la convocatoria electoral.

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre / EFE

Elecciones "lo antes posible"

Los sindicatos abrieron el paso, mientras que Foment y Pimec, que han fijado su posición con claridad, esperan las reuniones de sus órganos directivos para “oficializar” la petición de elecciones cuanto antes. A juicio de CCOO y UGT, que firmaron un comunicado de forma conjunta, la sentencia del Tribunal Supremo “es una nueva expresión de la judicialización de la política”. Pero ahí se quedó el lamento. Los interlocutores sociales pusieron la carga de la prueba en el presidente Torra. Al no descolgar la pancarta --a favor de los políticos presos en periodo electoral-- expuso a las instituciones catalanas a una tensión no procedente”, y, frente a todo eso, ahora, “son necesarias unas elecciones lo antes posible”.

El empresariado también señala esa “necesaria salida”, y buscar, a través del diálogo, que se aprueben los presupuestos en el Congreso. Esa petición, sin embargo, se complica por las necesidades electorales de Esquerra Republicana, que está ya inmersa en una dura campaña electoral contra Junts per Catalunya. Pero la misión de las organizaciones patronales es la de “empujar para ese diálogo, y buscar lo más rápidamente posible la recuperación económica”. Y lamentan, con pesar, que Torra no hubiera puesto remedio al momento político, con la convocatoria electoral antes de la sentencia del Supemo. "En dos meses tendríamos elecciones y un gobierno después de navidades", señalan.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo; el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, y el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva / EP

El precedente del derecho a decidir

Lo que no se quiere contribuir es a “enrarecer” más la situación, con protestas, declaraciones, o nuevos envites contra el Gobierno español o contra la administración de Justicia. Toda la atención, ahora, “está en los ERTE para que se puedan prorrogar hasta el 31 de enero”. En ese sentido, la posición de la CEOE, que tiene como vicepresidente a Josep Sánchez Llibre, el presidente de Foment, es clave y el acercamiento en las últimas horas con los sindicatos y el Gobierno daba esperanzas para un acuerdo definitivo, que debería recoger el Gobierno en su consejo de ministros de este martes.

La experiencia es buena consejera en este caso. El “ardid” del independentismo, en el inicio del proceso, con el derecho a decidir, lo recogieron entidades sociales, pero también económicas, como Pimec. El problema interno que se generó llevó a su presidente, Josep González, a desmarcarse con celeridad, en 2014, antes de la consulta del 9N que organizó el expresidente de la Generalitat, Artur Mas. El argumento, como el de ahora, es que en el seno de las organizaciones patronales hay empresarios de muy distinto signo, y el denominador común de todos ellos es que "haya un Govern que se ponga a trabajar lo antes posible".