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Oficinas de la Agencia Catalana del Agua (ACA) / CG

Empieza el juicio por malversación a la antigua cúpula de la ACA

El exgerente de la Agencia Catalana del Agua está imputado por presuntos delitos de inducción a la prevaricación, malversación de fondos públicos y revelación de secretos

7 min

El Juzgado de Instrucción número 8 de Barcelona ha comunicado la apertura del juicio oral por malversación de fondos públicos a la antigua cúpula de la Agencia Catalana del Agua (ACA). La vista llega tras años de investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción de presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de la entidad pública.

La investigación apunta a que, en 2008, el actual responsable del área de adaptación de la Oficina Catalana del Cambio Climático (OCCC) de la Generalitat de Cataluña, Gabriel Borràs, habría adjudicado 38 contratos de forma ilegal al que había sido gerente de la ACA y máximo responsable de las inversiones públicas del Ejecutivo de Artur Mas, Joan Lluís Quer. Borràs y Quer están imputados en esta causa que ahora inicia su vista oral.

Anomalías en contratos millonarios

El caso se remonta a 2008, cuando la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Auding, United Research y Atenginy fue adjudicataria de varios contratos licitados por la ACA, obteniendo unos ingresos de 7,6 millones de euros. Como representante de la UTE en ese momento figuraba Joan Lluís Quer, que había ocupado la gerencia del ACA desde el año 2000 hasta el 2004.

La Sindicatura de Cuentas detectó anomalías en las contrataciones de la ACA y las llevó a la fiscalía, que inició su investigación. El primer caso que levantó sospechas ocurrió en 2007, cuando la ACA licitó el contrato para la “Redacción del programa de medidas y del plan de gestión del distrito de cuenca fluvial de Cataluña”.

Dicho contrato se adjudicó a la UTE de Quer por 3,75 millones de euros. A partir de este concurso, se abrió la posibilidad de realización de otros trabajos que no estaban incluidos en el pliego inicial. Supuestamente, así justificaban que solo un año más tarde la ACA adjudicara a la misma UTE 38 contratos complementarios con unos importes que ascenderían a un total de 3,93 millones de euros, que se sumaban al contrato inicial.

Sospechas y acusaciones

Según la fiscalía, la adjudicación de este contrato habría sido pactada previamente con la UTE ganadora de la licitación en unos encuentros avalados por el en aquel momento director de Planificación de la ACA, Gabriel Borràs. Indica el fiscal que en estas reuniones se habría dado información relevante sobre los futuros términos de la adjudicación. Borràs fue, además, el técnico de ACA encargado de dar el visto bueno a estos 38 contratos presuntamente ilegales “complementarios”, adjudicados sin concurso.

La querella que llega ahora a juicio recoge que la ACA y la UTE beneficiada habrían pactado el precio final y “enmascararon un beneficio económico ilícito” dividiendo, en la práctica, el contrato en dos partes: la principal y la complementaria. Así, los cargos que la fiscalía imputa a los querellados en este caso son: malversación de fondos, prevaricación, fraude, revelación de secretos, uso de información privilegiada y tráfico de influencias.

Imputados

Entre los imputados están el ingeniero de caminos, canales y puertos Joan Lluís Quer, que fue gerente de la empresa Regs de Cataluña durante 7 años, hasta 2000, cuando pasó a ocupar el cargo de gerente de la Agencia Catalana del Agua.

Durante la etapa del tripartito de izquierdas en la Generalitat, ya en 2004, Quer abandonó la agencia y volvió a la empresa privada de ingeniería. Primero, como director general y luego como consejero delegado. Quer entró en la empresa Auding --rebautizada, tras una fusión, como AudingIntraesa-- hasta convertirla en una de las mayores ingenierías de Cataluña (2004-2011). Auding se ha encargado del control de la ejecución de las obras de diversos tramos de la Línea L9 del metro de Barcelona.

El expresidente de la Generalitat Artur Mas repescó a Quer para el sector público en 2011 y lo nombró presidente de la antigua GISA, ahora conocida como Infraestructuras de la Generalitat, la empresa pública que adjudica la mayor parte de las obras públicas del Gobierno catalán. Dimitió en 2015, después de que la Guardia Civil registrara la sede de Infraestructures en el marco de la investigación del caso de las comisiones ilegales del 3% que Convergència cobraría a cambio de la adjudicación de obras públicas. En 2016, se incorpora al Institut Cerdà, donde actualmente ocupa el cargo de gerente general de la institución en Chile y de director del SeCRO.

Gabriel Borràs, por su parte, es licenciado en Biología y su vida profesional la ha dedicado al mundo del agua; desde el año 1992 que ingresó en la Agencia Catalana del Agua hasta marzo de 2011 ha trabajado en la depuración de aguas residuales y en la planificación del agua en Cataluña, ocupando los cargos de director de Planificación y Coordinador de Áreas. Después de su salida de la ACA se mantuvo con cargo público, convirtiéndose en el responsable del área de adaptación de la Oficina Catalana del Cambio Climático de la Generalitat de Cataluña --cargo que aún ostenta hoy en día-- y, de 2013 a 2018, fue el coordinador técnico del proyecto Life MEDACC.