La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, pretende reducir la retribución a las eléctricas / EP

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, pretende reducir la retribución a las eléctricas / EP

Business

Las eléctricas hacen lobi en Bruselas para evitar el hachazo del Gobierno

El sector traslada a la Comisión Europea la intención de Moncloa de acabar con los llamados “beneficios caídos del cielo” con el argumento de que va en contra de la apuesta por la descabornización

22 julio, 2021 00:00

El sector eléctrico ha acudido al ámbito europeo para tratar de evitar que el Gobierno tramite la normativa que prepara desde hace unas semanas y que terminaría con las retribuciones a la generación eléctrica a partir de plantas nucleares e hidroeléctricas. Las compañías hacen lobi ante la Comisión Europea con el argumento principal de que la medida va en contra de una de las bases que el Gobierno comunitario ha puesto para la recuperación tras la pandemia: la apuesta por el proceso de descarbonización de la economía.

Hace unas semanas, el Consejo de Ministros aprobó un anteproyecto de Ley cuyo objetivo primordial es eliminar lo que ha venido en llamarse “beneficios caídos del cielo”. De este modo, el Ejecutivo pretende descargar el recibo eléctrico en la parte correspondiente a los costes fijos, precisamente a raíz de una indicación de Bruselas en este sentido.

Los beneficios caídos del cielo

Sin embargo, el sector se opone a la principal justificación que Moncloa emplea para sacar adelante este cambio normativo: el hecho de que ya no ha lugar a las retribuciones que las compañías generadoras perciben por la actividad de sus plantas nucleares e hidroeléctricas al encontrarse las inversiones y su coste por completo amortizados.

Una “acusación” que no es nueva y a la que siempre se han opuesto las empresas con el argumento contrario de que las últimas actualizaciones en materia de seguridad, especialmente en el ámbito nuclear, les han obligado a realizar cuantiosas inversiones para remozar las plantas, unos costes que aún no han sido amortizados.

Energía

Energía

La nuclear, en peligro

De salir adelante, la nueva normativa supondría un golpe mortal para la energía nuclear. Aunque la tecnología ya cuenta con una fecha de caducidad en España (2035, cuando la última de estas instalaciones dejará de funcionar), el cierre de las centrales podría acelerarse, toda vez que la eliminación de las retribuciones haría su explotación del todo inviable.

De hecho, una de las reclamaciones del sector en los últimos años ha sido la excesiva carga fiscal que soporta esta tecnología, que hace que las compañías vean imposible hacer rentable el negocio con lo que tienen que operar a pérdidas en la mayoría de los casos.

Riesgos para la transición

Así, el lobi eléctrico ha expuesto a la Comisión Europea que un posible cierre adelantado de las plantas nucleares en España por motivos de rentabilidad complicaría de forma notable el proceso de transición hacia las energías verdes, en el que España es uno de los países punteros dentro del Viejo Continente.

En la actualidad, la energía nuclear es el primer elemento en la composición del mix de generación eléctrica, con algo más de un 20% del total. El cierre progresivo de las plantas, acordado hace un par de años entre el sector y el Gobierno, ya hace difícil su sustitución por energías limpias por lo ajustado de los plazos. Si el fin de la nuclear se adelanta, el sistema se vería obligado a recurrir de forma más intensa a los ciclos combinados. Una tecnología que emite gases contaminantes (aunque en menor medida que las plantas térmicas) y, por lo tanto, iría contra el objetivo de reducir las emisiones.

¿Paga también quien no contamina?

“Siempre hemos defendido el principio de que el que contamine, pague; pero lo que está planteando el Gobierno supone que quien no contamina también tendrá que pagar”, explicó este miércoles el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, a los analistas, en el marco de la presentación de los resultados obtenidos por la compañía  en el primer semestre.

El ejecutivo se mostró muy crítico con la medida que el Gobierno ha puesto en marcha y ya anunció en su día que Iberdrola pretendía contribuir a que en el plazo de alegaciones se introdujeran una serie de cambios que la hicieran menos lesiva.

Central nuclear de Ascó I en una foto de archivo / EUROPA PRESS

Central nuclear de Ascó I en una foto de archivo / EUROPA PRESS

Vuelta a las andadas

Galán no dudó en señalar que acabar de un plumazo con esas retribuciones supone un “golpe a la seguridad jurídica”, al tiempo que “introduce elementos de incertidumbre e impredictibilidad que van claramente en contra de la inversión extranjera en España, porque penaliza a tecnologías que no son contaminantes”.

El presidente de Iberdrola ha atribuido estos argumentos a “expertos y agencias de rating”, que se han pronunciado en contra de lo que considera “un cambio en las reglas de juego en mitad del partido”, algo que ha sorprendido incluso a Galán, quien ha reconocido que en los últimos tiempos “los reguladores no hacían cosas inesperadas como en otras épocas; pero ahora sí lo han hecho”.