El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, miembros de la Generalitat de Cataluña y del Ayuntamiento de Barcelona se sentarán esta tarde para repasar las consecuencias del primer día de huelga indefinida de los trabajadores del filtro de seguridad del aeropuerto de El Prat, un servicio concesionado a la empresa Eulen. Han sido convocados al primer encuentro de la mesa de seguimiento de las protestas que se celebrará en la delegación del Gobierno de la capital catalana.
La publicación de un laudo de arbitraje obligatorio que acabe con las protestas de los trabajadores será la principal cuestión que se analizará. De la Serna anunció este domingo que ya está en marcha el procedimiento para aprobar la medida y el Govern lo ve con buenos ojos.
Petición del la Generalitat
A pesar de que el procés está en un momento álgido y que la misma huelga se ha usado desde los sectores independentistas como un presunto agravio del Gobierno central contra Cataluña, el propio consejero de Territorio, Josep Rull, participará en el encuentro. Esta mañana ha pedido que el consejo de ministros se reúna de forma extraordinaria para aprobar el laudo que de una salida al conflicto.
También asistirán a la reunión en la calle Mallorca, sede de la delegación del gobierno, el secretario de Infraestructuras y Movilidad, Ricard Font; el director de los Mossos d’Esquadra, Pere Soler; y el de Relaciones Laborales de la Generalitat, Enric Vinaixa.
Colau pide negociación
El Gobierno de Ada Colau acepta que es una medida que solucionaría el caos que se ha vivido en el aeropuerto catalán, aunque avisa que no resolverá el problema de fondo, la precariedad laboral de la plantilla que ha llevado a la protesta. BCN en Comú ha cargado contra la privatización de servicios “esenciales y básicos”, en palabras de la teniente de alcalde de Ecología Urbanismo y Movilidad de la ciudad, Janet Sanz.
“Somos plenamente conscientes de lo difícil que a veces resulta lograr que no se perjudique a la ciudadanía, pero se deben poner todos los esfuerzos”, ha declarado tras hacer referencia a la huelga del Metro de Barcelona. Un ejemplo, según Sanz, que con diálogo se puede llegar a un acuerdo.
Presencia de la Guardia Civil
La afectación del primer día de la huelga indefinida ha sido baja. A los servicios mínimos del 90% se le ha sumado la presencia de la Guardia Civil en los filtros de seguridad, hecho que ha propiciado que no se repitieran las colas de las últimas semanas en una de las jornadas con más salidas en El Prat.
El presidente de la Asociación Española de Usuarios, Empresarios y Profesionales de Transporte Aéreo (Asetra), Ignacio Rubio, ha asegurado que “la Guardia Civil realiza la función que debería hacer Eulen”. A pesar de que tiene el encargo de velar por el cumplimiento de los servicios mínimos y evitar altercados, relata que “mientras muchos empleados” de la concesionaria observan como pasan los pasajeros son realmente los agentes los que “inspeccionan y controlan el pase”.
Tensión con los trabajadores
Los sindicatos han cargado contra este comportamiento. El secretario de seguridad de UGT, Sergio Picallo, asegura que el Gobierno viola “completamente” el derecho de huelga de los trabajadores de Eulen mientras que el asesor del comité de huelga, Juan Carlos Giménez, califica de “ilegal” el laudo arbitral que está en ciernes.
“Ni la seguridad externa ni la interna están en peligro sino que se cumplen todos los filtros”, ha declarado. Asimimso, denuncia que existe tensión entre la plantilla de Eulen y los agentes en los filtros de control.
Explicaciones de Aena
“La Guardia Civil está encima de cualquier movimiento que los trabajadores hagan y tienen una presión añadida”. “La única manera de solucionar un problema es sentándose”, ha sentenciado horas después de que la plantilla de Barcelona rechazara el acuerdo presentado por los mediadores de la Generalitat.
Facua, por su parte, señala a Aena como la culpable del conflicto laboral y pide que el presidente del gestor aeroportuario, José Manuel Vargas, salga a dar la cara tras estar desaparecido desde que se inició el caos en el aeropuerto con más tráfico de pasajeros del país. En Comú Podem ha pedido, directamente, su dimisión.
