El Govern afirma ahora que pagaría 400 millones a Acciona por ATLL

Retirar la concesión de Aigües Ter Llobregat (ATLL) a un consorcio en el que Acciona tiene la inmensa mayoría costaría ahora a las arcas catalanas 400 millones de euros. El secretario de Economía de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, hizo el cálculo en una comparecencia en el Parlamento este miércoles.

Si sitúa por encima de los 326 millones que el anterior consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, decretó hace justo un año también en sede parlamentaria, en el marco de una comparecencia tras la anulación del concurso por el TJSC.

Cifra en fluctuación

¿A que se debe el incremento? Según el político de ERC, a un cambio temporal lógico si se tiene en cuenta que se trata de una “estimación”.

De hecho, Aragonés avisó que la cifra podría cambiar de nuevo en los próximos meses. Los 400 millones actuales corresponden al dinero ya pagado por los adjudicatarios de la concesión, unos 330 millones --los 298,6 millones iniciales más algunos canon-- y la indemnización por lucro cesante.

Pago de lucro cesante

Es la primera ocasión en que la Generalitat admite abiertamente que Acciona deberá cobrar por este concepto. Se puso en entredicho por el conflicto judicial abierto, ya que la primera anulación de la concesión es del dos de enero de 2013, seis días después de que se firmara el contrato, la del Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público (antigua Oarcc).

Además, la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) aseguró en su informe no se debía pagar por los incumplimientos graves de contrato. Las conclusiones están en manos de Fiscalía, que analiza si se debe abrir otra causa paralela a la polémica concesión.

Pendiente del Supremo

Aragónes calcula el 850 millones la indemnización total por lucro cesante, pero le rebaja el dinero del canon que dejaría de pagar a la Generalitat durante los años vigentes de la concesión, que aún tiene una vigencia de 47 años.

La Generalitat no tiene intención de resolver el caso ATLL hasta que el Tribunal Supremo confirme o impugne la sentencia del TJSC del verano pasado. Se espera que la resolución definitiva sobre las aguas catalanas llegue en el inicio de 2017.