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Ada Colau, alcaldesa de Barcelona y presidenta del AMB, en una imagen de archivo del Encuentro de Ciudades por el Agua Pública en Madrid / EFE

El Gobierno metropolitano anula el polémico contrato del Nit Bus

TUSGSAL, la empresa que se quedó fuera de la licitación, agradece la oportunidad que le brindará un nuevo concurso mientras crecen los rumores de una nueva judicialización del caso

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Tal como estaba previsto, el Consejo del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) decidió este martes anular el polémico contrato de Nit Bus que tenía pendiente firmar desde hace tres años con ALSA. En Comú Podem y sus marcas locales, entesa, junto al PSC han decidido dejar sin efecto la licitación y abrir un nuevo proceso por las dudas jurídicas que presentaba.

Se basa en que la apertura de la concesión no se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea y que eso podría llegar a suponer un freno a la libre competencia.

Abstención de ERC

ERC, que también forma parte del Ejecutivo supramunicipal, optó por abstenerse de la votación. También hicieron lo propio los grupos de CiU, la CUP y el PP. El único partido que mostró su negativa a desestimar la concesión fue el de Ciudadanos.

Entre los argumentos que se pusieron sobre la mesa, el de que no se puede decidir sobre un contrato judicializado en el que los tribunales no han visto ningún elemento para frenar la concesión.

Presión de TUSGSAL

TUSGSAL, la compañía de economía social vinculada a UGT y al PSC, ha afirmado que el nuevo proceso les dará la oportunidad de concurrir con igualdad de condiciones. Consideran que no disfrutaron de esta ventaja en el proceso abierto hace tres años en el que ALSA se llevó el gato al agua porqué en su pliego de concesiones se incluía la construcción de una nueva cochera en el municipio de Badalona que se tuvo que desestimar por la cualificación del suelo elegido.

La empresa de transportes, a su vez, se toma su tiempo para analizar el acuerdo de desistir la concesión aprobado en el Consejo del AMB. Mantiene que después de este ejercicio, tomará “las decisiones que consideremos oportunas”. Anteriormente ha amenazado con abrir responsabilidades económicas e incluso a título personal en el Gobierno supramunicipal por el retraso en la concesión.

Por ahora, no han presentado ninguna querella.