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Antoni Martí, presidente del Gobierno de Andorra, y una de las principales oficinas de BPA en el Principado

El Gobierno de Andorra encalla en la búsqueda de un comprador para la antigua BPA

La falta de interés internacional llega al punto de que ni siquiera cuentan con un aliado para ejercer de corresponsal en la migración de fondos de la entidad intervenida a Vall Banc

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El Gobierno de Andorra no consigue sacar adelante el plan de reestructuración que diseñó tras tomar las riendas de Banca Privada d’Andorra (BPA). El Ejecutivo de Antoni Martí se ha quedado encallado en el complejo proceso de despido de los trabajadores de la entidad, criticado por la plantilla al considerar que se le han impuesto unas condiciones injustas. Ahora, no encuentra aliados para quedarse con los restos del banco del Principado.

El Instituto Nacional Andorrano de Finanzas (INAF), la autoridad del sistema bancario del país, entró en contacto con entidades financieras del Principado, España e internacionales para entregarles el folleto de compra de Vall Banc. Ésta es la institución que han creado para migrar los activos sanos de BPA, el 95% de los depósitos de clientes.

Fondos de inversión

No consiguieron que ningún banco mostrara interés en el proyecto y decidieron acudir a fondos de inversión, indican fuentes cercanas al Gobierno de Martí. Tampoco obtuvieron el éxito deseado con operadores de este perfil por la complejidad del caso BPA.

Los accionistas mayoritarios de la entidad, la familia Cierco, han recurrido la intervención pública en los juzgados de Andorra y en Estados Unidos. Allí, han interpelado directamente al organismo del Tesoro estadounidense que se dedica a la vigilancia del blanqueo de capitales, el Fincen, para señalar los presuntos errores de bulto que le llevaron a publicar un informe en marzo de 2015 en el que acusaban a BPA de actividades ilícitas. El documento propició su caída, pero las supuestas irregularidades que señalaba no han sido confirmadas.

Demanda colectiva

Asimismo, los Cierco han acusado al Gobierno del Principado de ser el causante indirecto del informe del Fincen al no responder a las repetidas peticiones de información de EEUU sobre la operativa de la entidad. Señalan que la pasividad del Ejecutivo provocó el enfado de la institución que propició la publicación del informe.

De forma paralela, más de 500 afectados por la intervención de BPA se han unido en una plataforma cuyo objetivo es presentar una demanda colectiva contra el Gobierno de Andorra.

Elevada inseguridad jurídica

La inseguridad jurídica es elevada. Espanta a los agentes de un sector que ante todo reclaman estabilidad y seguridad para ejecutar una operación de estas características.

Martí tiene incluso problemas para encontrar a una entidad que ejerza de banco corresponsal en la migración de activos de BPA a Vall Banc. Desde su entorno aseguran que será Caixabank quien tomará la iniciativa y mantienen que el acuerdo está casi cerrado, un extremo que en la sede central de la entidad rechazan de plano.

Banqueros de Andorra

Los nervios van en aumento en el Principado ante la falta de apoyos para sacar adelante el plan de reestructuración de BPA. Fuentes financieras de Andorra avisan de que un fracaso en este ámbito pondría en entredicho a todo el sistema bancario del país. Por ello, los banqueros se han unido a las peticiones del Gobierno para que algún banco o fondo inicie una due dilligence para adquirir Vall Banc. Los mismos interlocutores indican que si uno da el paso, será más sencillo atraer a otros inversores y conseguir de este modo culminar con éxito la operación.

Ocurre lo mismo en el caso de la búsqueda de una entidad que se convierta en corresponsal entre BPA y Vall Banc. Gobierno y banqueros han emitido casi un ruego para que alguien se postule con una exposición mínima para invitar a otros a tomar el verdadero protagonismo en la operación.

Por el momento, nadie ha respondido a la petición.