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Alberto Martínez Lacambra, director general de las actividades del sector del agua en Cataluña de Agbar.

El consumidor no notará “nada” por la batalla legal en el agua de Barcelona

El director general de Agbar, Albert Martínez Lacambra, señala que el conflicto en el Área Metropolitana se frenará hasta que no resuelva el Tribunal Supremo

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Los habitantes y consumidores del Área Metropolitana de Barcelona se quedarán al margen del conflicto judicial que se vive en el seno de la organización por la forma en que se constituyó la empresa mixta que gestiona el ciclo integral del agua, anulada el pasado marzo por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Así lo ha defendido el director general de Agbar y consejero delegado de Aguas de Barcelona Empresa Metropolitana Mixta, Albert Martínez Lacambra, en conversación con Crónica Global.

Este conflicto transcurre de forma paralela a la guerra del agua que Agbar mantiene abierta con la Generalitat y un consorcio liderado por Acciona por el control de Aigües Ter Llobregat (ATLL).

Consecuencias posibles

El Tribunal Supremo se debe pronunciar sobre ambos conflictos. En el primero debe decidir si la concesión está en manos de un licitante que no cumplía con el pliego de condiciones de contrato. Y en el segundo sobre el error que cometió el Gobierno supramunicipal, liderado en ese momento por Xavier Trias (CDC) con el apoyo del PSC, al crear la empresa mixta sin convocar un concurso público.

¿Cuál puede ser la consecuencia final? Que desaparezca la sociedad conformada por Agbar (70%), Criteria (Grupo Caixabank, 15%) y el Área Metropolitana (15%) y se dividan de nuevo los activos que conforman la empresa. Es decir, que Agbar se quede de nuevo con la gestión del agua y las depuradoras vuelvan al control público. Por eso, el directivo defiende que el proceso tampoco tendrá ningún efecto sobre el consumidor.

Municipalización millonaria

Si el nuevo Gobierno supramunicipal quisiera municipalizar también la concesión que Aguas de Barcelona tiene vigente hasta 2053 debería compensar económicamente al privado, y la factura final podría superar los 1.000 millones de euros.

Con todo, es el Tribunal Supremo quien tiene la palabra final. 

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