Antonio Balmón, alcalde de Cornellà del Llobregat y vicepresidente del AMB, y Ada Colau, alcaldesa de Barcelona y presidenta del AMB, y un Nit Bus / FOTOMONTAJE DE CG

Antonio Balmón, alcalde de Cornellà del Llobregat y vicepresidente del AMB, y Ada Colau, alcaldesa de Barcelona y presidenta del AMB, y un Nit Bus / FOTOMONTAJE DE CG

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El Área Metropolitana de BCN dará carpetazo al polémico contrato del Nit Bus

Los servicios jurídicos de la Administración recomiendan desestimar la concesión que ALSA consiguió hace dos años frente a TUSGSAL

15 noviembre, 2016 00:00

El equipo de gobierno del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) entrará en el Consejo Metropolitano del próximo 22 de noviembre una propuesta para dar el carpetazo definitivo a la polémica que se arrastra desde hace dos años por el servicio de Nit Bus que une la capital catalana y los municipios de la zona norte. Se someterá a votación una propuesta de los servicios jurídicos de la institución en la que se pide anular el concurso público que tuvo lugar hace dos años en el que ALSA superó la oferta del operador hasta enrtonces de esta línea, TUSGSAL, una empresa de economía social vinculada a la UGT y al PSC.

“La secretaria general pone de manifiesto en este documento la complejidad de los argumentos jurídicos presentes y la inexistencia de una conclusión clara que determine de forma manifiesta el sentido de la resolución definitiva”, indica el informe al que ha tenido acceso Crónica Global y que se debatirá en comisión este jueves.

Mandato del vicepresidente del AMB

Hace una semana que se ha empezado a trabajar en la resolución de la concesión. En la junta de la comisión de gobierno del AMB del pasado martes, se pactó un mandato para que los juristas de la Administración formularan una propuesta para “aplicar el artículo 155.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, a efectos del desistimiento en la contratación” del servicio, indica el mandato firmado por el vicepresidente ejecutivo, Antonio Balmón.

La decisión se toma al considerar que en el proceso se ha cometido una “infracción no enmendable de las normas reguladoras del proceso de adjudicación al no haberse publicado el acuerdo previsto en el artículo 7.2 del Reglamento (UE)”. Es decir, que al no publicar el inicio del concurso público en el Diario Oficial de la Unión Europea vicia todo el proceso porque es un freno a la libre competencia que se debe incluir en toda contratación.

Dos años de informes

Así lo indican algunos de los informes de expertos externos que el Consejo Metropolitano ha encargado en los últimos meses sobre la concesión. Hace dos años que el expediente de licitación se complementa con documentos que contemplan que la concesión es correcta y otros que no, incluso el caso ha llegado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

El último informe fue el de la secretaría general, encabezada por Sebastià Grau. Se ha tenido “especialmente” en cuenta para optar por anular la adjudicación al “apreciarse los motivos de interés público por la necesitaría prudencia en la defensa de los derechos de esta Administración”, reza la propuesta firmada por Balmón.

ALSA amenaza con una batalla judicial

No hay margen para errores en la argumentación que se usará para fundamentar la decisión, ya que ALSA ha dejado clara su intención de presentar batalla jurídica. 

Amenaza con abrir un contencioso económico para reclamar los daños y perjuicios derivados de los dos años que han pasado desde que se ganó la licitación hasta que se ha decidido anular el concurso público más allá de preguntar a los tribunales sobre la pulcritud de las decisiones que ha tomado el gobierno del AMB, un pacto entre los Comunes de Ada Colau y el PSC. Además, el operador deja la puerta abierta a actuar contra los miembros de la junta de Gobierno por un posible caso de prevaricación.

Por otro lado, ha señalado que anular este concurso tiene repercusiones en el resto de concesiones de transporte que ha firmado la Administración antes y después que el servicio de Nit Bus de la zona norte. En ningún caso publicitó la apertura del proceso en el Diario Oficial de la Unión Europea.