Las ejecuciones de sentencia pendientes en Cataluña suponen el 3,4% del PIB

Se necesitarían tres años adicionales para dar cumplimiento a los expedientes que aún están abiertos, según un estudio de la Cámara de Comercio de Barcelona

Miquel Valls (Cámara de Comercio de Barcelona) e Ignacio López (Colegio de Procuradores) presentan el informe sobre el impacto económico del retraso en la ejecución de sentencias / CG
12.01.2018 12:51 h.
3 min

En Cataluña hay 85.000 sentencias firmes pendientes de ejecutar. Su importe asciende a 6.580 millones de euros, lo que supone el 3,4% del PIB de la comunidad autónoma. Así lo indica un estudio realizado por la Cámara de Comercio de Barcelona y la Universitat de Barcelona (UB) encargado por el Colegio de Procuradores de los Tribunales de Cataluña que se ha presentado este viernes.

El análisis también concluye que para ponerse al día en ejecuciones de sentencia, deberían pasar tres años sin que se resolvieran nuevos procesos judiciales. De hecho, en 2016 la administración sólo había recuperado el 21,8% del importe total de las sentencias de 2013. Y es que el tiempo medio que se tarda en aplicarse sus resoluciones es de 1 año y nueve meses. Por cada millón de euros que se recuperara, el PIB crecería en 350.000 euros y se podrían crear o mantener cinco puestos de trabajo a tiempo completo, indica el análisis.

La mayoría de las sentencias pendientes de ejecutar son hipotecarias, el 67%. El resto afectan a empresas.

Incertidumbre empresarial y del sistema bancario

Todo esto genera incertidumbre empresarial y del sistema bancario. Tal y como ha explicado Carme Poveda, directora de Análisis Económicos de la Cámara, la situación e traduce en menos inversiones, un aumento de los precios, una disminución de la competitividad y un encarecimiento del crédito. Es decir, un menor crecimiento económico. Todo ello lo atribuyen a la ineficiencia del sistema de aplicación.

Para evitarlo, proponen dos medidas. La primera de ellas es reformar los procedimientos de ejecución con el objetivo de agilizarlos, en la que se incluirían una mayor información a los ciudadanos, establecer un plazo y reducir la burocracia. La segunda es definir la figura de agente de ejecuciones, que desde el Colegio de Procuradores aseguran que está presente en la mayoría de países de la UE y que podría recaer en este gremio. 

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