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Concursos de acreedores, en una imagen de archivo. Digitalización / EP

La digitalización concursal se retrasa hasta 2024

Los administradores desconfían de los formularios 'online' pensados para los procedimientos de microempresas, que podrían representar el 90% de casos de insolvencia

5 min

El plan de digitalización de los concursos de acreedores va para largo. Según las fuentes consultadas por Crónica Global, la modernización de los procedimientos para microempresas, incluida en el proyecto de ley que encara su recta final en el Congreso de los Diputados, no estará lista en la fecha convenida. ¿Cuándo se activará? "Lo más probable es que nos vayamos hasta junio de 2024 siendo optimistas", afirman estos interlocutores.

Los administradores prevén que se extienda considerablemente la moratoria de seis meses para la entrada en vigor de la norma, cuya aprobación se realizará antes del verano. Esto dejaría en papel mojado la disposición transitoria segunda que fija el horizonte temporal del 1 de enero de 2023 para poner en marcha la legislación. Prueba de ello, según estas fuentes, es que todavía no se ha ensayado el aplicativo informático en una provincia de dimensiones reducidas, pese a que este paso formaba parte del esquema de despliegue de la plataforma.

Formularios 'online'

El conflicto entorno a la digitalización de los concursos recae sobre el denominado procedimiento especial, diseñado para empresas con menos de 10 trabajadores y un pasivo inferior a dos millones de euros. Como señalan desde el despacho de abogados Roca Junyent, estos parámetros podrían subsumir el 90% de insolvencias bajo esta categoría.

De acuerdo con el texto legal, se prevé que sean los propios deudores quienes rellenen formularios online sin el asesoramiento de ningún letrado, procurador ni siquiera el nombramiento de un administrador --su designación es meramente facultativa--. De hecho, el rol del juez del concurso también queda capidisminuido en este supuesto. "El procedimiento adopta una perspectiva rousseauniana, llena de voluntarismo, en que la información que transmita el afectado nos tememos que será poco fiel. Se puede recaer en la picaresca por parte de muchas empresas", señala un abogado conocedor de este tipo de procesos.

"Se creará un monstruo"

"Esta plataforma digital es inviable. No solo porque prescinda de la figura del administrador concursal, lo cual pone en riesgo a los acreedores, sino porque se especula con que tenga más millones de artículos que Amazon. Se va a crear un monstruo", expresa Diego Comendador, presidente de ASPAC (Asociación Profesional de Administradores Concursales). El Gobierno no ha aclarado todavía, por lo demás, cuántos recursos públicos se destinarán a esta digitalización exprés de la administración concursal.

El presidente de la Asociación de Administradores Concursales (ASPAC), Diego Comendador / EP
El presidente de la Asociación de Administradores Concursales (ASPAC), Diego Comendador / EP
 

Este mecanismo, como recuerda Comendador, no formaba parte de la directiva europea que el Gobierno ha traspuesto a través de este proyecto de ley. Pese a que la voluntad del Ejecutivo pretende agilizar el papeleo en los tribunales mercantiles, aligerándolos de las quiebras más inevitables y de menor cuantía, el instrumento elegido para alcanzar este fin va camino de ocasionar nuevos problemas en unos juzgados hipertensionados.

Efecto contraproducente

No todas las modificaciones son negativas. En el haber de la norma figura el desarrollo de los pre-packs, acuerdos que pese a que se hallaban en el artículo 530 de la anterior ley ahora hallan mejor acomodo legal. "Con estos pre-packs se pretende que las ofertas por las unidades productivas se hagan fuera de los juzgados mercantiles para no estigmatizar a los deudores", indica un letrado de Roca Junyent.

Sin embargo, este extremo no resuelve las incertezas sobre el procedimiento especial. Es más: los especialistas temen que la complejidad del proceso, sumado a las novedades difíciles de asumir en torno a la plataforma electrónica, produzcan el efecto contrario al deseado. Es decir, que muchas pymes vayan directamente al cerrojazo en vez de poder salvar parte de su negocio y renegociar con sus acreedores. Pero la prueba de fuego del sistema no llegará hasta 2024.