La desunión sindical aplaza la convocatoria de 4.000 plazas de profesores en Cataluña

Mientras algunas organizaciones se decantaron por aguardar la definición del instrumento para rebajar la temporalidad --pendiente de la convalidación en el Senado del real decreto 14/2021 y de su encaje en el ámbito educativo--, otras presionaron por sacar cuanto antes esta provisión comprometida por el Govern para remplazar las vacantes por jubilaciones. El choque entre ambos posicionamientos se decantó finalmente por la primera alternativa.

'Escaqueo' de Cambray

Fue el propio departamento dirigido por Josep Cambray quien sometió a voto esta decisión, aunque se abstuvo de opinar sobre estas plazas de repuesto. El escaqueo de la Consejería de Educación concita las críticas unánimes de todos los agentes implicados. "No entendemos que en vez de marcar posición se deje la cuestión en manos de las organizaciones de trabajadores", se apunta desde USTEC. Sensación compartida por UGT: "La Administración nos pasó la pelota a nosotros, no dieron su opinión".

Más allá de estos reproches, la desunión sindical es evidente. En la votación, los tres delegados CCOO se opusieron, Intersindical-CSC y UGT se abstuvieron y los dos ASPEPC-SPS respaldaron las pruebas. Por su parte, USTEC, central mayoritaria entre los enseñantes, abandonó el cónclave en señal de rechazo por la propia votación, aunque en declaraciones a este medio la organización ha explicado que apoya la priorización de los concursos de méritos. En resumen: la Generalitat no realizará de forma inmediata ninguna convocatoria de estabilización.

Profesores

Amenaza de impugnaciones

A partir de aquí empiezan las conjeturas sobre el cuánto y el cuándo se convocarán las fases de selección de profesorado en la comunidad. El secretario general de ASPEPC-SPS, Xavier Massó, pone en duda que los concursos lleguen antes de que concluya el curso 2021-22. "Creemos que nos vamos a 2023. Y con números distintos de los que se planteaban ahora mismo con estas 3.816 plazas", afirma.

El sindicato ha criticado, además, que se descarte de plano la convocatoria de las más de 4.000 plazas previstas para los cuerpos de secundaria. Massó argumenta que se desconoce el detalle de las cifras y el procedimiento que se seguirá en los concursos de méritos, que deben convocarse en principio antes de 2023. Pero estas 4.377 plazas para interinos de secundaria se "perderán" por ahora. "Se deja en la estacada a muchas personas que se han gastado sus ahorros en academias particulares para acceder a unas oposiciones de secundaria que estaban comprometidas", remacha. Asimismo, el portavoz advierte sobre la alta probabilidad de "impugnaciones" dado que se creará una doble vía para acceder a una plaza fija: las oposiciones ordinarias y los concursos de méritos pensados para interinos con más de cinco años de antigüedad.

El cuánto y el cuándo

Por contra, el resto de sindicatos considera que, pese a que existen estos nubarrones en el horizonte, será posible consumar el desafío el próximo año. Aunque se requerirá un trabajo previo de gran "complejidad". UGT y CCOO aseguran, tal y como ha reconocido el propio Departamento, que tras la previsible ratificación del real decreto se activará una etapa de identificación de las plazas susceptibles de acceso a través de concursos de méritos, sumadas a las que se convocarán a través de oposiciones ordinarias. En la reciente reunión de la mesa sectorial, la Administración no fue capaz aún de presentar cifras pormenorizadas. Tampoco se detalló cómo se evaluará al profesorado en estos concursos de méritos.

Ambas cuestiones se afrontarán una vez se dé luz verde al real decreto. El calendario más probable pasaría por fijar el número de plazas hasta junio de 2022, mientras que el plazo máximo para sentar las bases de las convocatorias se alargaría hasta final del próximo año. Pero lo factual es que el real decreto abre el compás hasta 2024 para culminar este proceso que espera reducir la interinidad en torno al 8%. Demasiados interrogantes para un asunto que centrará el futuro de la función pública y que supondrá un reto para todas las Administraciones.