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Una persona apaga su ordenador como muestra de la desconexión digital / UNSPLASH

"La desconexión digital será un lujo por el que tendremos que pagar"

Los expertos reconocen que falta formación y concienciación sobre la protección de datos tanto en las empresas y sus equipos como entre los propios usuarios

8 min

Los usuarios de internet tienen cada vez más asumido que estar hiperconectado no es gratis. Los datos personales se han convertido en una mercancía más con la que las grandes empresas comercializan, e incluso han llegado a ser un negocio lucrativo en el mercado negro. La importancia de esta información es tal que, en un futuro, es posible que las personas que no quieran ceder esta parte de su privacidad tendrán que pagar por ello. 

Paloma Arribas, abogada experta en protección de datos del bufete profesional Baylos, defiende esta visión. Asegura que "la desconexión digital será un lujo por el que tendremos que pagar" ya que, en unos años, "cuando llegue el 5G, todo lo que podamos pensar --desde el despertador hasta los alimentos del supermercado-- estará conectado a internet", y necesitará informaciones personales para poder llevar a cabo los servicios que ofertan al consumidor. Lo que se traduce, de forma sencilla, en que habrá que pagar con dinero lo que no se quiera pagar con datos.

Protección del derecho a desconectar

El derecho a la desconexión digital en España se recoge en la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales (conocida como LOPDGDD o como "nueva LOPD"), cuya aplicación se inició en diciembre del pasado año. Por ahora, este aspecto se enfoca sobre los derechos de los trabajadores y no sobre los de los usuarios, que en ocasiones se ven "obligados a usar internet" en su día a día. Arribas lo expone de forma clara con una pregunta: "¿Es posible, a día de hoy, que un alumno se gradúe en la universidad sin usar Google?". 

"Limitar el uso de internet como herramienta te expulsa un poco del sistema", pero ello choca, a su vez, con la privacidad, derecho reconocido en la Constitución nacional. La cuestión gira, según la opinión de la letrada, en saber "hasta qué punto la libertad de empresa de gigantes digitales como Google, que se ha convertido en un instrumento necesario para vivir, les da derecho a invadir la intimidad de los usuarios". Hasta que esta cuestión sea abordada por los gobiernos, "solo queda apelar a la responsabilidad de las empresas y al criterio de las personas para hacer un uso responsable de la web", opina Arribas.

Falta concienciación

La experta asegura que, ante este futuro, es necesaria una mayor "formación" y "concienciación" tanto en las empresas --sobre todo, en las de menor tamaño-- como entre los usuarios. "La ciudadanía no es consciente del valor de sus datos en internet", asegura Arribas, "no pone precio a la información que genera y que les define como personas, lo que piensan, sus intereses, a quién votan, todo". Alerta, así, de los peligros que conllevan gestos tan comunes como los de aceptar la política de cookies de cualquier web a la que se accede sin leer las condiciones que en ellas se añaden.

Para la abogada, esta actitud es causa de la poca importancia que se concede a este tipo de informaciones generadas por uno mismo. "Muchas veces es el propio usuario el que autoriza a las empresas a comercializar y lucrarse con sus datos y lo hace, además, sin ser consciente de ello". Por ello, asegura que es "fundamental" una "labor de concienciación" que incida, sobre todo, en la preservación de la privacidad. "Lo más importante es hacer entender que se trata de nuestras vidas privadas. Cada paso que se da en internet queda registrado y con ello pierdes tu privacidad. Es una cuestión de valorar si merece la pena venderla para recibir ciertos servicios".

La regulación europea y las pymes

Muchos de los usuarios de internet comenzaron a tomar conciencia --e, incluso, conocimiento-- sobre la importancia de los datos personales en mayo de 2018, cuando se cumplió el límite temporal para aplicar el Reglamento General de Protección de Datos a nivel europeo (RGPD) y sus cuentas de correo se llenaron de mails para aceptar las nuevas políticas de privacidad. Hasta ese momento, la ley española --la antigua LOPD de 1999-- detallaba qué debía hacer una empresa para proteger a los ciudadanos según los datos que recopilara, algo con lo que no cuenta el reglamento supranacional. Y ello despistó, sobre todo, a las empresas de menor tamaño. 

"Los negocios pequeños han vivido mucho tiempo ajenos a la protección de la información por internet", apunta la socia de Baylos, aunque también reconoce que la norma europea "no está pensada para este tipo de empresas". "El nivel de cumplimiento del RGPD puede ser exigido al 100% a empresas como Google y Amazon pero a las pymes no, porque no tienen tantos recursos", detalla, "es normal que les cueste adaptarse a la regulación porque ésta no se lo pone fácil".

Pedir los datos exclusivamente necesarios

¿Cómo se han adaptado, pues, los negocios pequeños --que en España conforman más del 99% del tejido empresarial-- a un reglamento que afecta a toda la Unión Europea? La solución se encuentra en el mismo detalle que creó confusión tras su aprobación, es decir, a la falta de medidas a adoptar. El RGPD deja a elección de la empresa la implementación de fórmulas que considere adecuadas para proteger los datos de sus usuarios, siempre que sean justificadas convenientemente. Por ello Arribas aconseja a los empresarios que eviten la recogida excesiva de datos si no es necesaria. 

"Todo el mundo recaba datos por si las moscas pero hay que tener cuidado con esta forma de proceder, porque se puede incurrir en la ilegalidad". La clave para no errar se encuentra en la comunicación con el dueño del dato, es decir, con el usuario. "Si desde la empresa se decide usar la información de una manera que no estaba prevista en el momento de la recogida de los datos, se tiene que comunicar del cambio al consumidor. Es posible que rechace la nueva política, pero hay que entender que es su vida privada y, por tanto, debe protegerla".

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