CSIF Cataluña ha anunciado este jueves que ultima una querella contra la actual secretaria general del departamento de Salud de Cataluña, Laura Pelay. Le acusa de ir en contra del derecho constitucional de libertad sindical por el trato dado a la actual representante sectorial de la organización, Carmen Martínez. Esta enfermera del servicio de diálisis del hospital Vall d’Herbón ejercía la misma responsabilidad en la UGT catalana hasta mayo, cuando fue destituida. La cúpula justificó su decisión por falta de confianza en su hasta entonces delegada.
El presidente de CSIF, Joan Escanilla, apunta a que ha existido cierto revanchismo en una actuación que asegura que carece de fundamentos jurídicos. De entrada, se debe tener en cuenta que la número dos de la consejería de Salud era conocida de la sindicalista represaliada. Ambas coincidieron en UGT de Cataluña. Pelay ejercía de vicesecretaria general del Área Externa y portavoz mientras Martínez era la responsable de Sanidad.
Horas de libre disposición sindical
El sindicato afirma que Pelay es la “responsable solidaria y subsidiaria” de la actuación que llevó a cabo el gerente de Vall d’Hebrón, Vicenç Martínez, el pasado lunes, 2 de julio. La afectada recibió ese día un whatsaap en su teléfono personal en el que se le solicitaba pasar por el departamento de relaciones laborales del hospital para “buscar la resolución administrativa de la licencia de desliberación sindical”, explica el presidente de CSIF.
Se asegura que esa fue la primera sorpresa de la jornada. La segunda fue descubrir que la resolución administrativa tenía efectos desde el día anterior, el domingo 1 de julio, día laborable para el personal sanitario. Escanilla explica que esta decisión que viene de la Generalitat supone una vulneración del pacto de libertad sindical que todas las organizaciones con representatividad en Cataluña y la Administración Pública suscribieron en 2004.
Elección de delegados, no de siglas
Indica en virtud de este acuerdo, las solicitudes de horas de libranza sindical se presentan antes del día 15 de cada mes con el objetivo de que se autoricen para el siguiente. Los representantes de CSIF aseguran que, hasta la fecha, en los cambios de siglas sindicales de los delegados electos se ha respetado la modificación de este calendario de libranzas. Es decir, si alguien se cambiaba de organización un mayo, su antigua casa avalaba las horas de junio y en julio ya se efectuaba desde este punto de vista el cambio.
Recuerdan que la representatividad sindical es desde el punto de vista legal como la de un cargo público. En las elecciones se eligen personas, por lo que una destitución como la que vivió Martínez no implicaba que ella perdiera su condición de delegada sindical con sus correspondientes horas de libranza. Por esta razón acusan de UGT de propiciar un movimiento en el que se pretendía castigar a la enfermera que les había plantado cara.
Inicio de una falta grave
Y es que el enfrentamiento de Martínez con algunos miembros de la cúpula sindical viene de lejos. Especialmente en su posición ante la negociación colectiva, ya que se la considera un hueso duro de roer. La gota que colmó el vaso fue el debate sobre la renovación de la movilidad, que a la práctica implicaba el cerrajón del sistema público catalán a profesionales de otras comunidades. La sindicalista de CSIF pidió que la adhesión del sindicato a las condiciones de la Generalitat se decidiera mediante una votación de los delegados, cuestión que fue denegada y que culminó con su destitución.
Escanilla expresa su temor en que la “resolución administrativa de la licencia de desliberación sindical” sea el primer paso para acusar a la nueva representante de Sanidad de una falta grave. El inicio de un procedimiento administrativo que culmine con su destitución. Además, se señala que la persona que se había contratado para sustituirla en el servicio trabajó el 2 de julio. Otra presunta irregularidad. Se explica que si se le había exigido que regresara a su puesto de trabajo otra persona no podía ocupar su plaza.
Contratación de Miguel Durán
La causa de CSIF no es la única que se prepara contra los responsables del departamento de Salud. Martínez ha contratado a título individual al bufete Duran & Duran Abogados, creado por Miguel Durán, para que se ocupe de su defensa.
Todo ello, en un momento en el que incluso fuentes de UGT reconocen que han existido un corolario de bajas en el sector sanitario. Afiliados que siguen a Martínez hasta CSIF. Le acompañan en la nueva estructura de la organización Sonia Alonso, que ejerce de secretaria de organización, y Silvia Martínez, la responsable de formación. Ana María Fernández, que llevará el ámbito económico, completa por ahora la cúpula de sanidad del sindicato de funcionarios en Cataluña.
