Crèdit Andorrà está inmerso en un proceso para elevar la solvencia de la entidad y poder cumplir de ese modo con los requerimientos europeos de capitalización que estarán vigentes en el Principado a finales de año. Pero este proceso está unido en gran medida al futuro de una infraestructura muy polémica en el país, la construcción de la plataforma de Soldeu.
Este proyecto ha derivado en una batalla entre empresarios andorranos que culminará con la desaparición de Grandvalira en la temporada 2019-2020. Así lo pactaron los dueños de la estación con mayor dominio esquiable del sur de Europa que se reparten al 50% del capital de la sociedad explotadora, Nevasa.
Es decir, el grupo de la familia Viladomat, Saetde, que cuenta con otro clan empresarial, los Albareda, con una participación minoritaria del entorno del 9% y el Comú d’Encamp con el 34% restante. La otra mitad de Nevasa la controla la compañía Ensisa. El 51% de esta sociedad está en manos del Comú de Canillo y el otro 49% es del propio Crèdit Andorrà.
Denominación de interés nacional
Fuentes del principado explican que al concluir la obra, que ampliará la pista de esquí del Avet para las Finales de la Copa del Mundo de 2019, es una de las prioridades máximas del banco. El problema es que el proyecto ha recibido la denominación de interés nacional por parte del Gobierno de Antoni Martí mediante una fórmula que ha propiciado varias denuncias. Entre ellas, las de la familia Viladomat.
Así será la plataforma de Soldeu que tensiona las cuentas de Crèdit Andorrà / SOLDEU
Sin esta salvaguarda, que implica considerar el deporte como parte de la cultura del país, no se podría construir la pasarela sobre el río, ni el aparcamiento subterráneo que permite prolongar la pista y la estación de esquí de Soldeu.
Mejorar la actividad de Grupo Calbó
Para el banco dirigido por Xavier Cornella, que las obras no se paralicen y lleguen a buen término tendrá otra consecuencia agregada. El dominio esquiable se acercará a la zona de hoteles que opera Grupo Calbó, otra empresa del Principado que tiene una importante deuda viva con la entidad.
Todo ello sin tener en cuenta que ha sido el principal prestatario del proyecto, cuyo coste ascenderá a los 24 millones de euros. Cuantía importante si se tiene en cuenta que el beneficio que Crèdit Andorrà ha notificado al cierre de 2017 es de 50,1 millones.
Riesgo de la operación
Otras fuentes cercanas a la entidad aseguran que el riesgo de la operación se contempló en el ejercicio pasado, pero no descartan tener que incrementar las provisiones por la deriva del proceso judicial.
Desde el Principado aseguran que la ampliación de la pista se inaugurará. Ninguna de las fuentes consultadas contemplan que los tribunales de Andorra paralicen el proyecto, tanto por el impacto territorial --a menos de un año de acoger la competición internacional-- como por el impacto que implicaría para el banco. Aunque dejan la puerta abierta a las consecuencias económicas derivadas de la batalla empresarial.
Por lo pronto, implicará el final de Grandvalira y la atracción que suponía anunciar la explotación de 201 kilómetros de esquí. Menos ingresos para las cuentas de una entidad que debe incrementar su solidez en los estados financieros. Como mínimo, de cara a los estándares comunitarios.
