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Un sobre de Correos que representa un concurso con el Tribunal Supremo de fondo / FOTOMONTAJE DE CG

La justicia condena a la Administración por privilegiar a Correos en los concursos

Revés del Supremo a la Comunidad de Madrid por excluir a SEUR de una adjudicación para el servicio de telegramas pese a obtener la mejor valoración

5 min

El Tribunal Supremo (TS) ha condenado a la Comunidad de Madrid por desistir, sin justificación, de una parte de un concurso público para la prestación de servicios postales que debería haber adjudicado a SEUR --pues fue quien presentó la mejor oferta--, pero que siguió prestando Correos.

La sentencia supone un duro revés para una práctica que es habitual en numerosas administraciones y que consiste en diseñar los concursos públicos para la prestación de servicios postales de tal forma que únicamente Correos pueda cumplir con las condiciones exigidas, y que contraviene la normativa que regula la libre competencia en el sector.

Un concurso que se remonta a 2011

Los hechos se remontan a 2011, cuando la Comunidad de Madrid convocó un concurso público para la prestación de servicios de telegramas (lote número 1) y de burofax (lote número 2) para los centros oficiales de la región. A ambos lotes se presentaron SEUR y Correos.

En 2012, la Comunidad publicó las puntuaciones del concurso previas a la adjudicación. En ellas, SEUR logró la mejor clasificación en el lote de telegramas (86,02 puntos, frente a 60,85 puntos), mientras Correos la obtuvo en el de burofaxes (100 puntos frente a 58,74 puntos).

Correos alega que los telegramas son cosa suya

Ante esta situación, Correos argumentó --aunque fuera de los plazos establecidos-- que en el lote de telegramas no está claro el objeto del concurso, pues se habla de "telegramas" y de "envío urgente de mensajes", indistintamente. Y subrayó que, si se trata de telegramas, ellos son los únicos que pueden presentar ese servicio de acuerdo con la legislación vigente.

La Comunidad de Madrid atendió el requerimiento de Correos, aún consciente de que ambos argumentos carecían de fundamento, y archivó el concurso.

La justicia da la razón a SEUR

SEUR, entonces, acudió a la vía judicial y logró que, en 2014, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) declarase ilegal la actuación de la Comunidad de Madrid por considerar que el objeto del concurso estaba perfectamente claro.

El tribunal consideró que no había ninguna duda sobre el concepto de envío urgente de mensajes y que SEUR tenía derecho a optar a él. La sentencia, además, ordenó retrotraer las actuaciones al momento en el que se excluyó a SEUR del proceso.

La Comunidad de Madrid recurrió de nuevo, en esta ocasión al Supremo, que es quien ahora ha reiterado los argumentos del TSJM y ha dado otra vez la razón a SEUR. El alto tribunal deja bien claro que no hay dudas o incertidumbres sobre el objeto del concurso, que trata del envío urgente de mensajes y que SEUR puede prestar ese servicio.

La Comunidad de Madrid tiene ahora un plazo de dos meses, a contar desde la fecha de notificación de la sentencia, para cumplir con lo ordenado por el TSJM. El Supremo también insta a reabrir el procedimiento de concurso y a adjudicar a SEUR el contrato, pues fue la empresa que obtuvo la mejor puntuación en la fase de valoración.

Sobrecoste e indemnización millonaria

Sin embargo, la sentencia del Supremo --dictada más de cinco años después del inicio del conflicto-- es prácticamente inaplicable. Correos lleva todo este tiempo prestando el servicio y no se puede dar marcha atrás como si nada hubiese ocurrido.

Ante esta situación, SEUR podría reclamar el pago de una indemnización, cuyo importe final sería establecido por los tribunales.

El contrato objeto de la controversia tenía una duración de 18 meses prorrogables y no hay constancia de nuevos concursos sobre esta cuestión, por lo que todo apunta a que Correos ha ido renovando el contrato de forma automática desde 2012. La oferta económica de SEUR por el servicio de telegramas fue de 7.163.604,33 euros, mientras que la de Correos ascenció a 8.815.170,99 euros. La diferencia entre ambas ofertas --más de 1,6 millones de euros-- es lo que la Comunidad de Madrid ha podido estar pagando de más cada 18 meses en los últimos años por esta irregularidad que ahora condena el Tribunal Supremo. 

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