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Oficina de Correos en Cádiz / EUROPA PRESS

Correos, un saco roto: Bruselas pone coto a las ayudas que recibe del Gobierno

La empresa de servicio postal cerrará 2020 con pérdidas cuantiosas a pesar de las subvenciones; Europa requiere información

5 min

Correos está en una encrucijada. La empresa de servicio postal cerrará el ejercicio en curso en números rojos (de nuevo), y cada vez tiene más dificultades para camuflar los malos resultados con las ayudas y subvenciones públicas. De hecho, Bruselas quiere saber, al detalle, si la compañía estatal destina esas asignaciones a lo que está estipulado o las utiliza para otras cuestiones. Además, Europa pone límite a esas retribuciones.

Su coste en 2020 para el erario ascenderá a unos 500 millones de euros, récord absoluto. Aquí se cuentan las subvenciones para cubrir el servicio postal universal (SPU), es decir, la función de que cualquier ciudadano pueda enviar y recibir correspondencia. La compañía ha estado empleando esta partida para otros menesteres, como incluir en el coste del SPU los descuentos y otras compensaciones que pudiera hacer a otros clientes. Europa ha dicho que hasta aquí, y amenaza a España con un expediente.

400 millones de ayudas indebidas

De hecho, la Comisión Europea (CE) ya se pronunció a este respecto en mayo, y puso punto final a esta práctica incompatible con la libre competencia. No solo eso, sino que Bruselas acordó con el Gobierno que el operador público debe devolver 400 millones de euros en concepto de ayudas indebidas durante el periodo 2011-20: Europa solo legitima 1.280 de los más de 1.600 millones que el Gobierno ha entregado en este tiempo (cabe recordar que ya obligó a devolver 167 millones por excesos de subvención entre 2004 y 2010). Es una de las exigencias comunitarias a cambio de evitar el expediente. 

En este contexto, Europa también ha fijado un tope anual de 180 millones para estas ayudas estatales, mientras el Ejecutivo se ha comprometido a comunicar las subvenciones a la empresa para el periodo 2021-25. De hecho, la CE exigirá un contrato en el que se detallen los servicios que corresponden al SPU, qué medios se pueden destinar a su prestación y su coste. A fin de cuentas, se trata de separar el servicio público de otras actividades comerciales de Correos, y evitar el uso de recursos públicos para financiar sus negocios de paquetería, sector en el que compite con otros operadores privados.

Europa, pendiente del gasto

Así las cosas, los Presupuestos Generales del Estado del 2021 prevén que Correos ingrese 1.872 millones de euros, mientras que las pérdidas se queden en 28 millones. Con todo, la compañía costará a las arcas públicas unos 200 millones de euros entre pérdidas y subvenciones al SPU. Unas subvenciones que se cuantifican en 110 millones para 2021 (lejos del tope de 180 que ha fijado Bruselas). No obstante, la CE estará muy encima para determinar el coste real del servicio postal universal.

De este modo, Europa pone fin a las asignaciones aleatorias que se hacían hasta ahora para cubrir el SPU, y que permitieron en algunos ejercicios que se presupuestaran para tal fin 542 millones de euros (en 2014). O que se mantuviese esta aportación por encima de los 200 anuales en los años posteriores. Sin ir más lejos, entre 2014 y 2020 el Estado ha subvencionado a la compañía con más de 1.400 millones, a lo que hay que sumar las pérdidas: en total, más de 2.000 millones públicos.

Correos factura un 35% menos

En el ejercicio que está cercano a su fin, el de 2020, el resultado de explotación de la empresa es negativo en 410 millones, lo que supone una pérdida de negocio del 26%. La facturación ha caído en picado (un 35%), mientras los costes de personal se mantienen muy elevados.

Todo ello, incluida la subvención al SPU, eleva el coste para el erario hasta los 500 millones de euros, una cantidad similar a la que suponen los costes operativos (excluidos los gastos de personal) dedicados en parte a financiar campañas comerciales como Correos Market y Citypack, de dudosa rentabilidad.

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