Conpymes intenta ganarle a CEOE en España el espacio que obtuvo en Cataluña con Pimec

Pimec presentó esta organización hace seis meses en un acto que generó un profundo malestar en los agentes sociales. Tanto, que fue UGT el que finalmente recordó que la plataforma liderada en ese momento por el empresario inmobiliario José Luis Roca, de las pymes de Aragón, era una entidad empresarial más sin un papel activo en las mesas de debate laboral. Es decir, le cortó las alas tras el golpe de efecto de su presentación.

Torres, de la Cámara de Comercio a Conpymes

Los promotores de Conpymes han dedicado su primer medio año de vida a buscar adhesiones en todas las comunidades y ahora se preparan para la batalla institucional. Para ello, anunciaron a principios de semana que recogía el testigo de Roca el empresario catalán José María Torres.

José María Torres, presidente de Conpymes / CG

El aún representante de Pimec en la Cámara de Comercio de Barcelona, cargo que abandonará en el medio plazo, ya ha dado el primer paso para abrir el melón de la representatividad estatal. Ha solicitado una reunión con la vicepresidenta segunda, la también ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz (Unidas Podemos), para reclamar que les reconozca el poder que asegura que le dan sus asociados.

Petición del conteo de empresas

Conpymes basa su reclamación en la disposición adicional sexta del Estatuto de los Trabajadores, la que define la “representación institucional de los empresarios”. La ley afirma que la “defensa de intereses generales de los empresarios ante las Administraciones Públicas y otras entidades u organismos de carácter estatal o de comunidad autónoma” recaerán en las “asociaciones empresariales que cuenten con el 10% o más de las empresas o trabajadores en el ámbito estatal”.

Sus promotores aseguran que superan este porcentaje con el número de asociados actual. Calcan de este modo la estrategia que les brindó el éxito en Cataluña, e insisten al Gobierno en que debe empezar a contar las empresas que están asociadas a CEOE y las de Conpymes para fijar de forma objetiva el peso de cada una de ellas en este reconocimiento para encargarse de la negociación laboral.

La necesidad de ser rigurosos

El problema de fondo es que el Estatuto de los Trabajadores define qué organizaciones deben ser representativas pero no concreta ninguna fórmula para medir la fuerza empresarial. Dar este paso es complejo, ya que si se intenta ser objetivo no basta con el CIF, también se debe tener en cuenta el peso laboral o su importancia en un sector concreto de la corporación, entre otras. La Generalitat lanzó varias propuestas para medir la fuerza de Foment del Treball y Pimec en los casi 20 años de conflicto patronal, y estuvo al borde del correctivo judicial por la arbitrariedad de las fórmulas promovidas. El conteo nunca se puso en marcha en Cataluña.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz / EFE

El Gobierno estatal ya contestó a Conpymes que no podía activar este mecanismo porque no disponía de ninguna normativa al respecto. Lo hizo en agosto tras la primera petición formal de la organización. Es decir, un espaldarazo a CEOE y a Cepyme, la organización de defensa de pymes asociada.

Fantasma de un nuevo conflicto

Con todo, tanto Torres como el resto del actual equipo directivo de Conpymes está dispuesto a llegar hasta el final para forzar este conteo. El fantasma de un nuevo conflicto judicial entre patronales planea en España en un momento en el que los agentes sociales tienen otro problema en mente. La ruptura de una curiosa unidad de acción entre patronales y sindicatos para reformar la ley marco del mercado laboral.

El Gobierno quiere cambiar la norma actual, que fue aprobada por el PP en la crisis anterior, y CEOE ha dado plantón a la negociación al considerar que los acuerdos que el Ejecutivo ha cerrado con la parte social son inalcanzables para los empresarios. Conpymes ya le ha lanzado una pulla en este sentido. Ha aplaudido que se levantase de la mesa, pero le exige que haga pública la contrapropuesta.

Fiscalización de Conpymes

Fuentes de la gran patronal estatal tienen clara que esta será la tónica a partir de ahora. Dan por sentado que Moncloa no abrirá la caja de Pandora que supone contar empresas y definir el nuevo poder empresarial del país por los efectos a corto y largo plazo de ello, básicamente judiciales. Con todo, aseguran que la fiscalización a sus actuaciones incrementará.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, en el Círculo Ecuestre / CEDIDA

Recuerdan, asimismo, que España es territorio de pymes --más del 80% de las empresas son de este perfil-- y desmontan la principal tesis de Conpymes. La que indica que ni CEOE ni Cepyme pueden defender las compañías pequeñas porque sus intereses son otros. “No entraremos en ello porque las patronales del país somos, en verdad, una confederación de gremios, no solo los representantes de las grandes compañías”, manifiestan los interlocutores consultados.

Foment del Treball

Por ahora, la batalla de Conpymes se libra con el Gobierno. Además de la petición formal de un encuentro con la ministra Díaz para pedirle que empiece a contar empresas, se ha trasladado la misma demanda a la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, en su reciente paso de la sede de Pimec en Barcelona.

La pugna por la representatividad en Cataluña se terminó por un pacto entre las partes en el que Foment del Treball cedió para acabar con el conflicto judicial. Fue la decisión con la que se inició el mandato de Josep Sánchez Llibre. Nada indica que CEOE esté dispuesta a ceder parte de su poder, aunque sea minoritario, a Conpymes.