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Imagen de una estación de servicio de Petromiralles, acusada de fraude / CG

Condenado a 13 años de cárcel el dueño de Petromiralles por fraude en el IVA

José María Torrens deberá pagar además una multa de 237 millones de euros, según la sentencia de la Audiencia Nacional, que también establece penas para otros ocho implicados en el caso

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El caso del Grupo Petromiralles ha terminado en una condena de enormes dimensiones para el cerebro de la trama, José María Torrens, propietario de la compañía y antiguo alcalde de Santa María de Miralles. La Audiencia Nacional le acaba de condenar a una pena de 13 años de prisión y el pago de una multa de nada menos que 237 millones de euros al considerar probado que articuló un sistema para defraudar cantidades millonarias en el pago del IVA de los carburantes.

Junto a Torrens, el Alto Tribunal ha condenado a otras ocho personas a penas de cárcel que van desde los 12 años hasta los seis meses. Por el contrario, ha resultado absuelto Pedro Torrens, hermano del principal encausado, que también actuaba como administrador de la empresa pero del que los jueces consideran que no intervino en la trama.

Entramado societario

En la sentencia, publicada este viernes, se detalla que José María Torrens urdió un sistema para esquivar el pago de impuestos junto con el empresario Antonio Rodríguez Estepa, uno de los condenados por este caso, que tenía pendiente una deuda económica con el, por entonces, primer edil de Santa María de Miralles por la extinta CiU.

El sistema consistió en constituir una distribuidora que se encargara de suministrar los productos de Petromiralles y, posteriormente, evitara el pago de impuestos a través de un entramado societario conformado por cuatro instrumentales que actuaban como empresas pantalla.

Un bufete cómplice

Estas empresas engordaban de forma artificial las cuantías de IVA por operaciones que realizaban y así lograban reducir al mínimo las cantidades a abonar a Hacienda. Incluso, en algunas ocasiones procedían a revender combustibles a Petromiralles a un precio inferior al pagado inicialmente, lo que constituía otra forma fraudulenta de obtener beneficios.

Además de los dos mencionados, la tercera pata de la trama es el abogado José María Talarn, otro de los principales condenados, que fue el encargado de articular la red de sociedades pantalla desde Orfisa, el bufete de su propiedad.

Blanqueo

La sentencia también considera probado que Talarn daba órdenes a los empleados del despacho para que falsificaran las facturas con Petromiralles y que, incluso, se encargó también del diseño de un sistema para blanquear posteriormente los beneficios obtenidos de forma ilícita con las declaraciones del IVA.

No obstante, el fallo señala a Torrens como el principal impulsor de los delitos al considerar que fue él quien lo ideó, lo puso en marcha e incluso realizó aportaciones económicas personales para que arrancara.