Competencia advierte sobre las contrataciones irregulares de los ayuntamientos

La Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) presentará este miércoles en el Palau Robert un informe en el que alerta de las contrataciones irregulares de los ayuntamientos del territorio. El documento se debería haber publicado en 2020, pero se ha retrasado y actualizado por la pandemia, y pone el foco en el suministro de agua en el ámbito urbano como un sector en el que se ahoga el libre mercado.

Se trata de un trabajo colaborativo que la ACCO ha realizado de la mano de las autoridades de competencia de Andalucía (ACREA), País Vasco (AVC) y Galicia (CGC) y que cuenta con la participación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Todos ellos analizan cómo evitar que la actividad política local afecte de forma negativa a la libre competencia y, en última instancia, a los ciudadanos receptores de los servicios.

Mejorar la regulación

Todas estas instituciones analizan las barreras a la libre competencia más comunes que aparecen en la actuación de los municipios. Su objetivo final es mejorar la calidad de la regulación y limitar el intervencionismo municipal que consideran que existe con sectores como, precisamente, el abastecimiento del agua.

Placa identificativa en el edificio de la CNMC en Madrid / EP

No es el único, también se pone el foco en la gestión de los residuos; en la organización de actividades deportivas; comercio; ferias y mercados; infraestructuras viarias; transporte colectivo; tráfico; redes de telecomunicación y servicios funerarios. Es decir, las contrataciones que suelen acabar en los tribunales.

Los efectos de las municipalizaciones

En cuanto a los servicios de abastecimiento y saneamiento de agua urbana, la ACCO parte de un primer análisis que corrió a cargo de la CNMC y que se publicó en enero de 2020. La conclusión a la que llegaba el regulador estatal fue que es necesario aumentar la frecuencia de las licitaciones y denunció la escasez de concursos públicos de estos servicios.

Criticó las llamadas municipalizaciones, el cambio de un modelo de concesión a uno 100% público, que llevaron inicialmente en sus programas políticos Unidas Podemos y sus confluencias y que han arropado otras formaciones, como algunos alcaldes de JxCat. La CNMC advirtió de que, al final, quien sale perdedor de esta tendencia política es el ciudadano, ya que se promueve la gestión directa por una defensa ideológica a costa de empeorar la calidad del servicio. Se cierra el mercado y se expulsa a los operadores privados sin estudios económicos sólidos que demuestren que se garantizan las mejoras en la ejecución del trabajo y con un menor coste para su bolsillo. Es decir, el objetivo de cualquier proceso de libre concurrencia. 

El vicio de la colaboración entre entidades locales

Con este punto de partida, la institución de la competencia catalana analiza ejemplos de colaboración entre entidades locales. Aunque a priori pueden parecer positivas, se advierte de que se trata de fórmulas que afectan de forma negativa a la competencia si no cumplen los requisitos legales exigidos con total pulcritud.

Collbató adjudicó un contrato sin licitación al CONGIAC

No es la primera institución que señala los problemas de un mal uso de este sistema. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ya señaló en una sentencia de 2021, que fue ratificada meses después por el Supremo, que un uso irregular de esta fórmula solo lleva a la restricción de la libre competencia sin ir acompañada de mejoras tangibles para el ciudadano. Lo hizo al señalar lo que consideró que era un fraude de ley en la actividad del Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya (Congiac) para hacerse con el servicio de Manresa, Reus o Vilafranca del Penedès, entre otras localidades, sin pasar por un concurso público. De hecho, anuló la operación de Collbató.

Cómo evitar una licitación

En este caso, se usaba una sociedad instrumental llamada GIACSA para hacerla pasar como una empresa propia del ayuntamiento o consorcio que buscaba que la gestión del agua local pasase a manos del Congiac. La mercantil no contaba con medios ni personales ni económicos para prestar el servicio ya que, al final, se subcontrataba a un tercero. Concretamente, a las empresas municipales de los ayuntamientos de la red de Congiac que sí tienen capacidad para ello. Normalmente, los de mayor tamaño.

Otro caso que ha levantado polvareda en este sentido es el de Aigües de Manresa; entraron en el capital 17 municipios de la comarca del Bages donde el grupo ya prestaba servicio para justificar que la empresa también es suya y evitar una licitación. Sus participaciones en ningún caso superan el 1%.

Actividad de los contadores

El informe de la ACCO, igual que el de la CNMC, pone el foco en otra actividad que es pasto de restricción del mercado: el suministro y mantenimiento de contadores de agua. Se indica que la empresa operadora del servicio, sea pública o privada, debe ser distinta a la que asume esta actividad. Aun así, solo en el área metropolitana de Barcelona existe una liberalización real del servicio.

Un contador de agua de una vivienda particular / EFE

Las entidades locales reguladoras han propiciado que las operadoras del suministro también se ocupen de este servicio, hecho que impide el desarrollo de una actividad industrial dedicada a este fin. En Barcelona y su ámbito de influencia, el ciudadano puede escoger qué compañía se encarga del mantenimiento del contador del agua.

Regulador único catalán

Otro de los debates que se ponen de nuevo sobre la mesa es el de la creación de un regulador único catalán. Se trata de una de las reivindicaciones constantes de las compañías del sector del agua, que piden que exista un único fiscalizador general independiente. Todo ello, con el mismo fin: blindar el libre mercado, la excelencia del servicio y que el coste sea el mínimo real para los ciudadanos.