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Jesús María Ruiz de Arriaga Remírez junto a Iker Casillas / EL ESPAÑOL

El Colegio de Abogados expedienta al despacho Arriaga

Considera que el bufete podría haber instrumentalizado una querella contra jueces de la Audiencia Provincial de Barcelona con fines publicitarios y para captar clientes

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El Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) ha abierto de oficio actuaciones informativas contra el despacho Arriaga Asociados después de que este bufete anunciara haber presentado una querella contra varios magistrados de la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Arriaga acusa de prevaricación a los jueces por avalar la llamada cláusula IRPH (Índice de Referencia Préstamos Hipotecarios), en contra de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El pasado 3 de marzo, el TJUE dictaminó que esa cláusula debía ser sometida a un análisis de transparencia por parte de los jueces para comprobar si el cliente estaba bien informado y entendía a lo que se estaba comprometiendo por todo el tiempo del préstamo hipotecario.

Según el ICAB, la discrepancia con una resolución judicial, consistente en “ir contra la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, se ha de plantear "a través de los recursos judiciales establecidos al efecto por las leyes procesales. Es evidente que eso es lo que, en su caso, procede contra la sentencia que pretendidamente da pie a esa querella, puesto que no es firme y contra ella cabe formular un recurso de casación".

"Absolutamente inaceptable"

Desde este punto de vista, "la interposición de una querella por una pretendida prevaricación de un tribunal, sin haber agotado la vía jurisdiccional establecida al efecto, resulta absolutamente inaceptable, sobre todo si esta proviene de una entidad mercantil, que no es una sociedad profesional".

El ICAB "rechaza con firmeza cualquier instrumentalización de una acción penal tan grave para posibles fines publicitarios o de captación de clientes, por parte de entidades que no constituyen sociedades profesionales de la abogacía, y que pueden escapar al control deontológico de los órganos colegiales, lo que constituye una manifiesta falta de garantía para los consumidores".

La petición del CGPJ

La vigente normativa de la abogacía catalana "obliga a los/las profesionales de la abogacía a comportarse con prudencia, lealtad y buena fe, ante la administración de justicia, tanto en sus manifestaciones como en sus escritos, por lo que ante esta situación se iniciarán las actuaciones que procedan".

Finalmente, el Colegio de la Abogacía destaca que la apertura de las citadas actuaciones informativas ya se acordó en sesión de Junta de Gobierno del pasado día 20 de mayo, de oficio, "y no a instancias de ninguna otra institución". Se refiere a la petición que hizo ayer la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial al Consejo General de la Abogacía y ICAB para que investiguen a Arriaga Asociados

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