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La alcaldesa de Barcelona y presidenta del Área Metropolitana, Ada Colau, en una imagen de archivo / EFE

Colau da entrada por fin al sector privado a su política de vivienda

La alcaldesa desbloquea en la parte final de su mandato la puesta en marcha de un operador para promover nuevos inmuebles con la mayoría del capital en manos de empresas constructoras

26.07.2018 00:00 h.
6 min

La alcaldesa de Barcelona y presidenta del Área Metropolitana (AMB), Ada Colau, ha aceptado en la parte final de su mandato que el sector privado debe ejercer un papel crucial en las políticas de vivienda pública. Da, de este modo, un volantazo a la estrategia que ha mantenido hasta la fecha sobre los modelos de gestión que se deben promover desde las administraciones. Y lo hace en un segmento de actividad que le es especialmente sensible si se tiene en cuenta su etapa de activista en la PAH, donde rechazaba de forma vehemente este tipo de alianzas.

BComú, el partido que encabeza, ha dado su brazo a torcer y reconoce ahora que la colaboración público-privada es capital para el futuro operador de vivienda de alquiler público del AMB. La tesis que se defiende desde el PSC desde hace años, ya que este ámbito de actividad en la Administración supramunicipal depende del vicepresidente de la corporación, Antoni Balmón, aunque es el alcalde de Sant Feliu de Llobregat, Jordi San José (ICV-EUiA), el encargado de gestionar el nuevo operador de viviendas de alquiler social.

Importancia de los privados

La importancia de la participación de los promotores privados está relacionada con el límite de endeudamiento de las corporaciones públicas. Construir vivienda es caro: desde la compra del suelo a la entrega de las llaves, la inversión media en una promoción pública ronda los 15 millones de euros. En el alquiler, esta aportación no se recupera de forma inmediata. Se amortiza a lo largo de los años en los que el arrendamiento está vivo.

El problema para el sector público es que impacta de forma negativa a su contabilidad por el límite de déficit y de deuda. Un endeudamiento excesivo en promoción de vivienda puede paralizar otro tipo de proyectos. Los consistorios deben priorizar su gasto y decidir si es preferible endeudarse en una infraestructura demandada por los ciudadanos, la puesta en marcha de un nuevo servicio o la construcción de edificios para alquiler social, por ejemplo. La participación de un privado que esté dispuesto a asumir el grueso del pasivo minimiza la limitación.

Diseño sociedad mixta

El Área Metropolitana de Barcelona completará en los próximos meses el diseño de la sociedad de economía mixta que deberá ejecutar las nuevas promociones. Se dedicarán al alquiler​ con precios competitivos y estarán a disposición de los colectivos más necesitados desde el punto de vista de la vivienda, como las familias con riesgo de exclusión social o los jóvenes.

Colau ha dado el visto bueno a que la mayoría del capital de esta empresa esté en manos de un privado, indican fuentes metropolitanas. Parte del trabajo pendiente en el AMB es determinar cuál es el porcentaje exacto de la participación, que podría ser similar a la del operador de agua supramunicipal.

Los portavoces de la presidenta metropolitana aseguran que llegará tan sólo al 50%, aunque otros interlocutores de su entorno mantienen que irá a más. Aseguran que es la única forma de hacer el proyecto atractivo para el capital privado.

Concurso público

Se ha avanzado en la constitución de la empresa explotadora. Habitatge Metròpolis Barcelona SA (HMB) está operativa desde el 19 de marzo. El capital se reparte ahora a partes iguales entre el AMB y el Ayuntamiento de Barcelona, instituciones que deberán diluir su participación en el futuro para dar entrada al socio privado.

Para escoger qué empresa promoverá vivienda social en la capital catalana y sus alrededores se convocará un concurso público. Antes, se abre una “consulta preliminar de mercado”. El AMB informa en una nota de prensa que se escuchará a los operadores del sector para determinar el “modelo de gestión y el plan de inversiones”, entre otras medidas. Este diálogo se prolongará durante el cuarto trimestre del año y cuenta con el visto bueno del consejo metropolitano. Lo aprobó por mayoría el pasado martes.  

Legislatura perdida en vivienda social

El proyecto acusa el retraso acumulado, añaden las fuentes consultadas. Desde la propia AMB se da por perdida la legislatura en materia de la promoción de vivienda social. Quedan poco más de 10 meses para la celebración de las próximas elecciones municipales, el tiempo que durará de forma aproximada la licitación pública para determinar qué empresa privada actúa en el proyecto.

Se terminará la legislatura con la estructura del operador mixto lista. Para la construcción efectiva de vivienda, se deberá esperar más.