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Eloi Badia, concejal de Presidencia y Energía de Barcelona y vicepresidente de Medio Ambiente del Área Metropolitana, junto a una imagen de archivo de contadores del agua / FOTOMONTAJE DE CG

Colau gasta 174.900 euros en informes sobre la municipalización del agua

El Ayuntamiento de Barcelona contrata los servicios de Global & Local Audit para hacer un análisis sobre el valor de los activos de la red de abastecimiento que explota Agbar

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​El Ayuntamiento de Barcelona ha gastado 179.904 euros en estudiar cómo se debe municipalizar el servicio de agua de la ciudad. Una de las apuestas de Ada Colau tanto en el consistorio catalán como en el área metropolitana, donde ha impulsado la creación de la Asociación de Municipios para la Gestión Pública del Agua. En ambas instituciones gestiona el proceso Eloi Badia, miembro de BComú.  

Se trata de un gasto ya ejecutado, detallan fuentes del Ejecutivo. Casi la totalidad de la partida que se articuló para dar los primeros pasos para extinguir la actual concesión en manos de la Sociedad General de Aguas de Barcelona, del grupo Agbar.

Tal y como informó Crónica Global en marzo, el consistorio movilizó 200.000 euros para encargar los informes técnicos y jurídicos necesarios y disponer de una propuesta de modelo de gestión. La ciudad de Terrassa, otra de las más avanzadas en la intención de municipalizar su servicio de agua al acabarse la concesión vigente, destinó 320.000 euros al presupuesto de asesoría legal.

Fichaje de Global & Local Audit

En Barcelona, el último despacho que se ha sumado al proyecto es Global & Local Audit SL. Es una firma con sede social en Madrid que crearon en 2015 dos letrados especializados en el sector de la auditoría. Joan Pamies Pahí, exsocio de Faura-Casas, y María del Mar Ramírez, que había estado en las filas de Ernst & Young.

Recibirán 32.670 euros por realizar una valoración económica de los activos de la red de abastecimiento de Barcelona.

Costes jurídicos

También se han encargado la asistencia legal externa especializada para la redacción de los informes jurídicos correspondientes al ámbito competencial y para señalar los títulos de concesión que están en juego. Los responsables de este cometido también deberán propiciar al equipo de gobierno una propuesta para recaudar la prestación del servicio y diseñar el esquema de la sociedad pública que asumiría la gestión.

El consistorio ha destinado 72.600 euros a este cometido. No es la partida más alta que ha dedicado hasta la fecha a la municipalización. El pago más alto es el que se ha hecho a la empresa del director del servicio, Llorenç Alerm, que asciende a los 69.634 euros.

Consejo de administración de BCasa

Los portavoces municipales recuerdan que la comisión de gobierno del pasado 23 de febrero autorizó el encargo de los informes externos y su dotación económica. Una gestión que ha corrido a cargo de Barcelona Cicle de l’Aigua (BCasa).

Informarán sobre los avances de los informes en marcha en la reunión del consejo de administración de esta empresa pública del próximo martes.

Encontronazo con la sociedad mixta de gestión

Por otro lado, las mismas fuentes del ayuntamiento señalan el enésimo encontronazo entre el equipo de gobierno y los representantes de la Sociedad de Economía Mixta Aigües de Barcelona, participada en un 70% por Agbar; Criteria, el holding de participadas de La Caixa, controla otro 15%, y el 15% restante está en manos del Área Metropolitana de Barcelona (AMB).

Colau solicitó a los responsables de la empresa mixta que detallaran todos los elementos técnicos de la red de abastecimiento municipal y que dieran información sobre la operativa de la compañía en la ciudad. Tanto en el apartado de recursos humanos como de los tecnológicos.

Amenaza judicial

Pidió incluso un mapa de los contadores del agua de la ciudad. Obtuvo por respuesta un no frontal de la actual concesionaria del servicio. El grupo alegó que ofrecer la información no era procedente porque quien debería hacer la petición sería el AMB. En el caso de plano de las instalaciones, la compañía concesionaria alega que el consistorio ya dispone de esa información.

El ayuntamiento amenaza con llevar esta respuesta de la empresa mixta ante los tribunales