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Ada Colau, alcaldesa de Barcelona y presidenta del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), en un acto de ciudad de este fin de semana / AJ BCN

Colau se lía con la política del agua en el Área Metropolitana

Vota en contra del incremento del precio del recibo pero defiende la metodología usada en la revalorización

8 min

El gobierno de Ada Colau en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) se ha enredado con su política del agua. Sus representantes han sido muy críticos con el incremento del recibo (entre el 4% y el 6%) como consecuencia del mayor coste del recurso que proviene de Aigües Ter Llobregat (ATLL), aprobado en el consejo de administración de la Agencia Catalana del Agua (ACA). Los reproches se materializaron en un voto en contra en la reunión del órgano directivo del pasado 28 de diciembre, aunque las intervenciones que se hicieron no iban exactamente en el mismo sentido.

Así consta en el acta del encuentro, a la que ha tenido acceso Crónica Global. El debate sobre el incremento del 11,8% de la tarifa de ATLL, con el consiguiente impacto en la factura de los consumidores final, monopolizó el encuentro.

Negativa frontal de los municipios

El encuentro empezó con la negativa frontal de los representantes de las instituciones locales a aceptar la subida de precio del tratamiento de agua en alta (la que se hace desde que se capta el recurso hasta que se distribuye a los depósitos de cabecera de los municipios).

Josep Triadó, portavoz de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), tradicionalmente próxima a las tesis de los alcaldes de PDeCAT, manifestó que las “entidades locales ya habían aprobado sus presupuestos y que no podían tener en cuenta este incremento”, hecho que deja en el aire las previsiones de ingresos y gastos.

Para evitar el desvío, casi la única salida es la de repercutir el incremento de la tarifa directamente a las familias mediante una revisión al alza de la tarifa en baja que el propio presidente de la ACA, Jordi Agustí, reconoció que se puede realizar con carácter retroactivo. Triadó reprochó en la sesión que no se hubiera “avisado con antelación” de la revalorización y señaló que existen “mecanismos para compensar a la empresa sin repercutir a las familias”. 

Compensación a Acciona

Una valoración que fue suscrita por la Federación de Municipios de Cataluña (FMC), entidad que se ha movido en la órbita de los ediles del PSC. Su representante, Sergi Mingote, pidió que el punto se quedara sobre la mesa por “el impacto en el mundo local”. Hecho que fue refutado por los representantes de la ACA.

El secretario del consejo, Pablo Herráez, manifestó que “dejar el acuerdo sobre la mesa o rechazar en votación la propuesta de acuerdo [para subir la tarifa] por razones extracontractuales podría eventualmente generar alguna responsabilidad en tanto que podría producirse un perjuicio económico en el contratista que no está obligado a soportar”. Es decir, con el consorcio liderado por Acciona que gestiona ATLL desde 2012 a pesar de la judicialización del contrato.

ATLL en el Supremo

Y es que el debate sobre el incremento del coste del agua de Barcelona y su área de influencia tuvo lugar a un mes escaso de que el Tribunal Supremo emita la última sentencia sobre la concesión de ATLL. Un concurso público que permitió a la Generalitat borrarse 995,5 millones de euros de deuda pública e ingresar otros 298,6 millones el 27 de diciembre de 2012, pero que fue anulado por el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público --entonces llamado OARCC-- tan sólo seis días después.

Estación de tratamiento de agua potable del Ter incluída en la red de ATLL / ATLL

Estación de tratamiento de agua potable del Ter incluída en la red de ATLL / ATLL

El alto tribunal estatal tendrá la última palabra sobre una concesión que ya ha tumbado con anterioridad el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Cuestión que también surgió en el debate del consejo de administración de la ACA. La Federación de Municipios llegó a plantear si subir la tarifa no supondría “generar más derechos a la concesionaria” cuando saliera a la luz la resolución final.

Intento de modificar la concesión

Los representantes de la ACA y del Departamento de Territorio y Sostenibilidad defendieron que era necesario aprobar la subida porque así lo estipulaban los pliegos de condiciones del contrato. Explicaron que la intención inicial de Acciona era llevar la revalorización hasta el 15% pero que se bajó mediante un “informe motivado”.

Asimismo, reconocieron que en los últimos meses habían intentado modificar el contrato de concesión de ATLL con el objetivo de neutralizar los incrementos de tarifa con impacto al bolsillo de los ciudadanos. “No ha salido adelante porque los informes no han sido favorables”, explicó Agustí en la reunión. También justificó que el año anterior se había tomado una “decisión política” para que la subida valorada en siete millones la asumieran directamente las arcas públicas, pero que no se había podido repetir este ejercicio por la aplicación del artículo 155.

Colau defiende el contrato de ATLL

El único apoyo en el consejo de administración más allá de los representantes de la Generalitat fue la del director de Medio Ambiente del AMB, Joan Pinyol. Frente a las críticas de los organismos mencionados y, entre otros, de los portavoces del Consejo General de Cámaras de Comercio o de Foment del Treball, que emitieron igualmente votos en contra, desde el gobierno metropolitano liderado por Ada Colau se defendió la fórmula usada para llegar al incremento del 11,8%.

“La metodología de revisión ha sido impecable desde el punto de vista técnico”, indicó Pinyol. Pidió a renglón seguido si la decisión política para que la subida fuera a cargo de las cuentas públicas se podía tomar desde el consejo, hecho que tampoco fue admitido desde el punto de vista jurídico. Cabe tener en cuenta que antes de terminar en el AMB él era uno de los altos directivos del PDeCAT en la ACA y que estuvo muy vinculado en la adjudicación de ATLL a Acciona. 

De este modo, Acciona cobrará 18 millones más por la tarifa de ATLL en 2018, tal y como se expuso en la reunión. Un coste del servicio que, según las fuentes jurídicas consultadas, se consolida sea cual sea el futuro del contrato de concesión.