La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau (izquierda), junto a la teniente de alcalde de Ecología y Urbanismo, Janet Sanz (derecha), en una imagen de archivo

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau (izquierda), junto a la teniente de alcalde de Ecología y Urbanismo, Janet Sanz (derecha), en una imagen de archivo

Business

Colau empieza a dar forma al operador eléctrico municipal

El Gobierno de Barcelona recurre el proyecto de ley de autoconsumo energético para propiciar que los contratos de la Administración recaigan sobre la nueva empresa pública

8 julio, 2015 13:53

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, da los primeros pasos para cumplir con una de las promesas electorales de BComú: la creación de un operador eléctrico municipal. El Gobierno local ha presentado el recurso al proyecto de ley de autoconsumo que tramita el Ejecutivo central.

Con la enmienda a la iniciativa legislativa, Colau pretende conseguir la estructura legal que necesita para crear el operador y, después, trasladar todos los contratos energéticos públicos de la Administración local a la nueva compañía eléctrica.

Autoconsumo en las instalaciones municipales

“Pretendemos alcanzar el balance neto de la generación y el consumo de todas las instalaciones del Ayuntamiento, con el horizonte de que se puedan sumar terceros”, manifestó la teniente de alcalde de Ecología y Urbanismo, Janet Sanz, el pasado 23 de junio, cuando anunció las intenciones de BComú en materia energética local.

La teniente de alcalde incidió en que el partido en el Gobierno municipal apuesta por instalar placas fotovoltaicas, entre otras medidas, para que todas las instalaciones municipales generen la energía que consumen.

Judicialización de la medida

Sanz no hizo ninguna referencia a la más que probable judicialización de la propuesta. El Ejecutivo central ni ha confirmado ni desmentido que el Ayuntamiento de Barcelona cuenta con las competencias necesarias para cambiar su modelo de gestión energética, publica El Periódico de la Energía.

Además de la falta de concreción competencial, el consistorio se verá abocado a un pulso en los tribunales con las eléctricas tradicionales cuyos contratos para subministrar energía a la Administración local con vigencia durante varios ejercicios. Si quiere revocar la concesión antes de que acabe, la alcaldesa deberá indemnizar a las compañías.