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La alcaldesa Ada Colau (centro) junto a Gerardo Pisarello (derecha), el primer teniente de alcalde, en la jornada castellera de Santa Eulàlia.

Colau desconoce cómo subir el 2% el sueldo a los funcionarios que le ordena el TSJC

El gobierno municipal se reunirá por primera vez este jueves con la mesa general de la función pública de la ciudad, dos meses después de que se publicara la sentencia

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El Gobierno de Barcelona no sabe cómo cumplir la sentencia del 18 de diciembre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que le ordena a cumplir con el incremento del 1% del salario de todos los trabajadores públicos, funcionarios y personal laboral, de los ejercicios 2007 y 2008. Fuentes del Ejecutivo de Ada Colau indican que antes de pagar a los trabajadores municipales se debe estudiar el impacto fiscal de la retribución.

Los mismos interlocutores aseguran que los 70 millones de euros a los que ascenderá la devolución están consignados en los presupuestos municipales. El problema es que el conflicto laboral viene de lejos y BComú lo ha agravado con los primeros pasos de su gestión.

Pisarello, responsable directo

El responsable directo de la negociación es el hombre fuerte de Colau en el consistorio, Gerardo Pisarello. El primer teniente de alcalde es consciente desde el pasado julio de que los trabajadores del ayuntamiento arrastran el conflicto laboral desde abril de 2010, cuándo la sección sindical de CCOO presentó un recurso ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Barcelona ante la negativa del gobierno local de ese momento de aplicar el incremento del 1% de la retribución que la Ley de Presupuestos Generales del Estado contemplaba para los años 2007 y 2008. Por lo que en total les deben un 2%. 

Fueron los propios sindicalistas de CCOO los que entregaron a Pisarello un documento el 15 de julio pasado con todos los conflictos laborales latentes en el consistorio que esperaban que BComú abordara. No se volvieron a ver las caras hasta después de la resolución del TSJC. Tampoco se ha avanzado en ningún ámbito sensible.

Sentencia dura

Los magistrados de la Sala Cuarta de lo Contencioso Administrativo del tribunal fueron especialmente duros con el ayuntamiento en su última resolución. Acusaron a los últimos gobiernos municipales, los que se han pasado el testigo de 2010 a 2016 (PSC, CiU y BComú), de “no ejecutar en sus estrictos términos, y no solo contraviene el fallo, sino sus propios razonamientos” y le imponen unas costas de 1.000 euros.

Pisarello mantuvo una reunión de carácter informal con todos los sindicatos con representación en el consistorio poco después de conocer el fallo del tribunal. Fue una “toma de contacto”, según sus portavoces, que respondía a la voluntad del gobierno de que “no se excluyera a nadie de la negociación”. Aquí surge otro problema, ya que el debate se produce al margen de la mesa general de la función pública del Ayuntamiento de Barcelona, el único órgano legalmente reconocido para tomar decisiones de carácter laboral.

De hecho, el primer encuentro de este foro social para abordar el conflicto del incremento de la retribución se celebrara este jueves.

Reparto de la mesa de la función pública

La aritmética de la mesa de la función pública deja fuera de este órgano a los sindicatos más pequeños con delegados en el consistorio. Para entrar, se deben tener 5,2 representantes entre los dos órganos de representación sindical activos: la junta de portavoces, la voz de los funcionarios, y el comité de empresa del Ayuntamiento de Barcelona, la del personal laboral o eventual, básicamente empleados de las empresas municipales u organismos autónomos.

CCOO es el sindicato mayoritario, con nueve representantes entre los dos foros. Le sigue UGT, con siete, y Sapol, con otros siete. Estas tres centrales son las únicas que tienen voz y voto en la mesa de la función pública de Barcelona con siete, cinco y tres delegados, respectivamente. Se quedan al margen la formación más próxima a BComú, CGT (con cinco delegados) y los minoritarios ASI (tres representantes) y SSPPMCat (otros tres).

Devolución de hasta 3.000 euros

Los denunciantes indican que BComú ha llegado a plantear la devolución de los incrementos atrasados en tres veces y realizar a posteriori la adecuación de las tablas salariales del consistorio. Los portavoces del gobierno indican que no se trata de ninguna propuesta en firme, ya que ni siquiera se ha iniciado la negociación.

Las cantidades a devolver son destacadas. Los trabajadores recibirán de media unos 3.000 euros por los incrementos atrasados, aunque estos importes incrementan en la dirección. Por ello, esperan que el ayuntamiento ejecute cuánto antes la sentencia del TSJC y no prolongue de nuevo el conflicto.