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Una ciudadana entrando en una casa de apuestas en Barcelona / AJBCN

Colau aprueba un falso veto a las casas de apuestas

El Ayuntamiento de Barcelona aprueba un plan de regulación inocuo porque la Generalitat ya limitó el sector y los locales están desapareciendo

5 min

El Ayuntamiento de Barcelona ha colocado hoy a la prensa un falso veto a las nuevas casas de apuestas. El gobierno municipal de Ada Colau (BComú) ha vendido la aprobación de un plan especial urbanístico para la regulación de los juegos de azar en la ciudad. La norma, en realidad, es inocua porque la Generalitat de Cataluña ya limitó el sector en 2004 y, además, este tipo de locales están desapareciendo. 

La nueva pieza normativa lleva el sello de Gemma Tarafa, concejal de Salud, Cuidados y Envejecimiento, y ha sido defendida por la propia alcaldesa durante el pleno municipal de hoy. Ha visto la luz con los votos del Ejecutivo local, ERC y Junts y la abstención de Ciudadanos, PP y BCN pel Canvi. Según el bipartito, el plan "frena la apertura de nuevos locales" y "fija distancias mínimas" con escuelas (800 metros) y equipamientos públicos (450). 

La Generaltat limitó el sector en 2004

Ambas regulaciones serán inocuas. Ello es así porque la Generalitat ya contingentó las autorizaciones para abrir salones de juego, bingos y casinos en Cataluña. Fue en 1984, con la ley sectorial, primero, y en 2004, después, con un decreto que desarrollaba el texto anterior y elaborada un censo. Lo explica Carlos Duelo, presidente de Patrojoc. "Si quieres abrir un negocio de este tipo, ya no puedes salvo con permiso del Govern", ha recordado el directivo. 

Las distancias mínimas son también poco más que publicidad. "La normativa autonómica es más dura. Impide abrir a menos de 1.000 metros de otra sala de juegos de azar, por lo que Barcelona se ha quedado sin espacio", subraya. "Si quieres abrir un nuevo salón de juegos, no lo harás en un barrio --como ha defendido hoy Janet Sanz, teniente de alcalde de Urbanismo--, sino, a lo sumo, en un polígono, porque es lo que marca la ley. En la trama urbana, no puedes". 

El Govern mantiene la planificación

En puridad, ¿qué cambios de calado conlleva la regulación del Ayuntamiento de Barcelona? El veto pone un trámite extra a los inversores ex ante, pues éstos deben recabar el certificado municipal urbanístico --donde la Administración local sí tiene competencias-- antes de presentar su proyecto ante la Dirección General de Tributos y Juego de la Generalitat de Cataluña, ha explicado una portavoz. 

La misma fuente oficial recuerda que es el nivel autonómico el que mantiene la competencia en planificación del juego, y en este marco se aprobaron la ley de 1984 y el decreto de 2004. Los ayuntamientos podrían solo bloquear el proyecto si incumple en materia urbanística o no consigue la licencia de obras y apertura, que también son necesarias. Cabe recordar, no obstante, que las licencias son actos reglados y la denegación injustificada o incluso el silencio administrativo pueden conllevar problemas legales, como ha vivido el consistorio con el proyecto hotelero de la Casa Buenos Aires​. 

Cádiz ya lo intentó, en vano

Incluso así, el supuesto veto a las casas de apuestas oculta información de forma interesada para colocar al ayuntamiento en una posición preponderante. El sector está en decrecimiento, por lo que no existe "proliferación", como defiende el gobierno municipal. "En los últimos años hemos pasado de 67 salas en Barcelona a 53, un 34% menos. En solo un año, han cerrado dos bingos. Ya hay decrecimiento natural", ha indicado Duelo. Desde el Govern confirman que hay licencias libres de salas de bindo. Incluso así, si algún inversor quisiera entrar con fuerza en el sector, necesitaría primero el permiso del Govern

Algunos medios han reproducido el mensaje del Ayuntamiento de Barcelona, aseverando que la ciudad Condal es la "primera de España" que limita las aperturas de estos negocios. No es así, Cádiz lo hizo en marzo, modificando el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Como en Cataluña, la competencia es autonómica. Ante ello, la normativa acabó recurrida por la Junta de Andalucía ante el Tribunal Superior. La instancia judicial la suspendió cautelarmente.