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La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, junto a la teniente de alcalde de urbanismo Janet Sanz / CG

Colau acusa a la Generalitat de querer torpedear su medida estrella en vivienda

Lo que debía ser un "trámite legal técnico" por parte de 'Territori' ha acabado siendo en una herramienta para retrasar y modificar la norma que obliga a destinar un 30% de la obra nueva a VPO

21.11.2018 15:58 h.
5 min

Una de las medidas estrella de Ada Colau en materia de vivienda ha sido paralizada y enmendada por el gobierno de la Generalitat. El gobierno autonómico ha trasladado a la alcadesa su intención de modificar la norma que prevé obligar a los promotores urbanísticos a destinar el 30% de unidades de nueva construcción o gran rehabilitación a vivienda de protección oficial (VPO).

Colau se ha mostrado muy molesta y sorprendida por los propósitos de la Generalitat, que además han apurado hasta el último día para comunicar al gobierno municipal su intención de modificar la iniciativa. La nueva norma fue aprobada por el Pleno municipal de septiembre con el apoyo de todos los grupos excepto el PP. No obstante, la misma no se podía aplicar hasta que la subcomisión de vivienda de la Generalitat avalase la legalidad de la medida, un "trámite legal técnico", según la alcaldesa. Pero este miércoles han trasladado al consistorio sus dudas respecto algunos aspectos de la modificación del Plan General Metropolitano y que tenían intención de cambiarlo. "No entendemos que se pretenda retrasar, obstaculizar o rebajar este texto. Es inaceptable", ha expresado la alcaldesa, que ha avanzado que pedirán una reunión a nivel político con el conseller de Territori, Damià Calvet, y ha fijado la siguiente reunión de la subcomisión --prevista para el 5 de diciembre-- como fecha límite para aprobar el texto tal y como estaba planteado.

"Choque de soberanías"

Este miércoles acababa el plazo para que el Govern se pronunciase, cuatro meses después de su aprobación plenaria. Este hecho también ha molestado a la alcaldesa, que ha destacado que desde el 1 de octubre se han registrado 234 licencias de obras y 157 cerficados urbanísticos que escaparán de la aplicación de la medida, que no tiene un efecto retroactivo. Según la munícipe, este retraso ya perjudica por sí solo a la ciudadanía.

Colau ha instado a la Generalitat a corregir su postura sino quiere un "choque de soberanías" entre ambas administraciones: "Queremos que la subcomisión apruebe la medida tal y como estaba planteada". La teniente de alcalde urbanismo, Janet Sanz, ha detallado que el gobierno autonómico pretende introducir más condiciones a la hora de aplicar la norma, lo que en la práctica conllevaría a una "rebaja" de la misma. 

"La subcomisión no es un lugar donde opinar sobre la medida, sino en el que validar un texto que se ha aprobado donde tocaba: en el pleno municipal, con consenso y con los informes jurídicos y económicos" oportunos, ha manifestado Colau, que ha dicho que si la Generalitat no corrige su posición, se podría desatar una "crisis política de primer orden". 

Insinúa presión de las promotoras

La alcaldesa ha cargado contra el PDeCAT y ERC por aprobar la iniciativa en el pleno del Ayuntamiento y luego torpedearla desde la Generalitat. Además, ha insinuado que han cedido a la presión de grandes promotoras. "No querría pensar que están habiendo presiones de sectores y de empresas especuladoras que tienen intereses en la ciudad y que el Govern está cediendo. No querría pensar esto, porque sería inaceptable".

Por su parte, el conseller de Territori y Sostenibilitat, Damià Calvet, ha comunicado a través de Twitter que convocarán una reunión entre su departamento y el Ayuntamiento de Barcelona "la próxima semana para abordar los aspectos técnicos de la propuesta del 30% para vivienda asequible en todo el suelo urbano de Barcelona".