Sebastián Albella, presidente de la CNMV, el organismo que ha intentado marcar distancias en el trasfondo político de la guerra de OPAs sobre Abertis / EFE

Sebastián Albella, presidente de la CNMV, el organismo que ha intentado marcar distancias en el trasfondo político de la guerra de OPAs sobre Abertis / EFE

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La CNMV se quita de encima la presión política de la OPA a Abertis

El regulador mantiene su autorización a la oferta de Atlantia, en contra de las pretensiones del Gobierno

8 enero, 2018 19:27

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha intentado marcar distancias con el trasfondo político de la pugna entre Atlantia y ACS para hacerse con Abertis. El regulador declina retirar su autorización a la OPA de la multinacional italiana tal y como le pidió el Gobierno en un requerimiento emitido el pasado 7 de diciembre.

En el último día hábil para contestar y tras el cierre de los mercados, el organismo presidido por Sebastián Albella justifica que sus opiniones sobre una operación se ciñen únicamente al “ámbito concesional-contractual”.

Argumentos al Gobierno

Argumenta en un comunicado que son “relativas a la transmisión indirecta de ciertos activos o contratos de los que es titular el grupo Abertis” y no requerimientos “administrativos de organismos supervisores”. Los que entiende entre líneas que han realizado los ministerios de Energía y el de Fomento.

Recuerda que el Real Decreto que marca las normas de OPAs contempla en su anexo la posibilidad de “otras autorizaciones que se requieren como consecuencia de la adquisición del control de la compañía objeto de la oferta” que no hayan sido solicitadas en la presentación del folleto. Asimismo, mantiene que tanto esta normativa como el “principio de libertad de movimiento de capitales obligan a ser restrictivo en cuanto al alcance” de la exigencia de autorizaciones previas a cualquier adquisición en los mercados.

El expediente sigue en curso

De este modo, el expediente de Atlantia sigue su curso. La multinacional italiana ya solicitó el pasado 21 de diciembre la autorización administrativa al Gobierno para llevar a buen puerto la operación.

La multinacional se había resistido hasta el momento a pedirlo, pero cambió de opinión para intentar desatascar la venta de la concesionaria gestionada por Francisco Reynés