La sede de la CNMC en Madrid / EP

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Business

La CNMC levanta a Indra la prohibición de optar a contratos públicos

Es la única firma exonerada entre las 22 consultoras multadas por infringir la normativa relativa a la constitución de cárteles

13 mayo, 2021 16:43

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha exonerado a Indra Business Consulting de a prohibición de contratar con el sector público, medida impuesta en base al artículo 71 de la Ley de Contratación del Sector Público a 22 consultorías multadas por constitución de cártel. Indra es la única del grupo que ha quedado liberada del veto de las contrataciones públicas.

Según ha comunicado la CNMC en una resolución de expediente, se ha estimado oportuno  “recoger la eficacia del programa de cumplimiento en relación con las normas de competencia de Indra Business Consulting, tal como se ha indicado en el fundamento 5º apartado G".

La multa queda reducida

Además de quedar exonerada de la prohibición de contratar con las Administraciones, Indra Business Consulting ha visto reducida su multa de los 450.000 euros propuestos inicialmente a 27.000 euros.

La CNMC también ha reducido la multa a PA Consulting Services Limited Sucursal en España y a uno de sus directivos. En este caso, se rebaja en un 40% el importe de la sanción por la solicitud de clemencia presentada.

Seis millones en multas

La mayor multa se la ha llevado Deloitte, que deberá pagar 3,99 millones de euros. PwC deberá desembolsar 670.000 euros, mientras que Idom Consulting ha sido sancionada con 640.000 euros. Las multas se calculan sobre un porcentaje de la facturación de las empresas.

La CNMC ha sancionado a las 22 compañías --entre ellas firmas consultoras de primer nivel-- implicadas con multas de 6,3 millones de euros y a una docena de sus directivos por incumplir el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) y 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), constitutiva de cártel. Asimismo, se ha activado el recurso legal para que algunas de las firmas queden fuera de los concursos convocados por las Administraciones públicas.