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La seguridad del Circuit de Barcelona-Cataluña acaba ante los Mossos d’Esquadra

Los sindicatos denuncian que se infringe la Ley de Seguridad Privada mientras la dirección lleva el caso al Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público

Imagen de archivo de una del Gran Premio de España de F1 que acogió el Circuit de Barcelona-Cataluña el año pasado / EFE
09.05.2018 00:00 h.
5 min

El contrato de seguridad del Circuit de Barcelona-Cataluña ha acabado denunciado ante los Mossos d’Esquadra. AND Sindical, una organización sectorial, ha presentado una instancia ante el Departamento de Interior de la Generalitat con el objetivo de que se “realicen las pertinentes inspecciones porque se ve claramente que van a infringir varios artículos de la Ley de Seguridad Privada”, indica el documento al que ha tenido acceso Crónica Global.

Los responsables del sindicato se refieren al reparto de trabajo que se incluye en la oferta que se hizo con la licitación el pasado 12 de abril. Las empresas Wakeful y Arte consiguieron la adjudicación del contrato al presentar la propuesta más económica de todo el proceso. Cuestión clave si se tiene en cuenta que la infraestructura está inmersa en un proceso de contención de los costes que afecta a toda la contratación pública.

Reparto de responsabilidades

Las alarmas sindicales se han encendido cuando se ha iniciado el periodo de contrataciones. El denunciante indica que los pliegos de condiciones del contrato hacen un reparto de responsabilidades que está al margen de la ley: la diferenciación en dos lotes de los trabajos que se deberán realizar dentro del Circuit de Barcelona-Cataluña.

Define que serán los peones, los auxiliares de la seguridad, los que deberán encargarse del control de acceso y de la ubicación del público en las tribunas. El segundo lote es el de los vigilantes de seguridad propiamente dichos.

Más trabajo para los peones

Pero esta diferenciación clara en los trabajos iniciales no se mantendría en el detalle de las funciones de cada grupo, señala el sindicato en la denuncia. Transcribe el apartado de los pliegos de condiciones en el que determina que se encargará a los peones “evitar actos delictivos” y “atender cualquier situación de peligro o emergencia que se pueda producir dentro de las instalaciones”.

Tampoco se limitarán a realizar los controles de identidad en el acceso a las instalaciones. Deberán llevar a cabo la misma tarea “cuando existan incidentes que lo requieran”, además del “control del cierre de los accesos”, la evacuación de “personas non gratas que efectúen o inciten a actos violentos” y otras actuaciones puntuales como el “reparto de dípticos informativos a los asistentes”.

Personal no preparado

La mayoría de estas cuestiones escapan de lo que sería el trabajo de un ayudante de seguridad. El denunciante mantiene ante el Departamento de Interior de la Generalitat que son atribuciones de los vigilantes que requieren una preparación previa.

El sindicato advierte de que, en el mejor de los escenarios, se estaría ante un caso de intrusismo profesional. Más allá de la cuestión legal, apuntan a que la falta de capacidades de los auxiliares puede derivar en un problema en las instalaciones.

Supervisor de la contratación

Por parte de la dirección del Circuit de Barcelona-Cataluña, encabezada por Vicenç Aguilera, se niega que el contrato vigente se salte la normativa sectorial. Pero para responder a la polémica que se ha generado al entorno de la concesión, sus portavoces indican que se ha decidido buscar a un árbitro imparcial que determine la pulcritud de la licitación.

Es por eso que se ha llevado el proceso ante el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Públicos (TCCSP), una institución cuyas resoluciones son vinculantes, que responde a la legislación europea y que transcendió por ser la primera en tumbar la adjudicación de Aigües Ter Llobregat (ATLL) a Acciona en 2012.

Concurso de las pantallas

No es la primera ocasión en que se debe pronunciar sobre una licitación de la infraestructura de Montmeló. El contrato de las pantallas gigantes para que el público y los técnicos puedan seguir las carreras del Gran Premio de España de F1 y el Gran Premio de Cataluña de Moto GP ha acabado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Aún está pendiente de resolución.

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